En Ecuador hay 1’021.00 adultos mayores y se prevé que para 2030 esa cifra crezca y llegue a los 2’000.000, es decir, el equivalente a la población de Quito.

Pero el envejecimiento poblacional todavía  es un desafío  a vencer para Ecuador, pues  solo se ha venido  priorizando el tema curativo en salud.

Existen ideas, proyectos  que no cuajan por la resistencia a  someterse a la  técnica actuarial, por la politización marcada de sus instituciones  que supuestamente hacen seguridad  social y porque el adulto mayor  no es  políticamente rentable. Se nos considera una carga muy pesada para el Estado por el financiamiento  de pensiones  y la atención de las enfermedades crónico degenerativas  y catastróficas. Estas le cuestan un ojo de la cara a cualquier Gobierno. Pero, en mi opinión, debe crearse un fondo por separado para  atender y  financiar esta clase de  enfermedades terminales que afectan a las personas mayores de 65 años.

Pero, ¿cuáles  son  los cambios  poblacionales  que se prevén en Ecuador al 2025? La población de 65 y más años se incrementará del 6% al 9,3 por ciento.

Es decir, que los cambios poblacionales previstos para Ecuador hacia ese año apuntan a un progresivo aumento de la población de ancianos.

Esa situación obliga al Gobierno a planificar el desarrollo teniendo muy en cuenta esos desafíos.

Estos aspectos van desde la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social hasta la cobertura de educación básica, media y superior, para responder a las necesidades de una población en crecimiento para una población para el 2025 de 17.1 millones de habitantes, según las proyecciones del INEC.

Pero, además, esto obliga  a  enfrentar el tema  técnico jurídico bajo  el liderazgo del presidente Lenín Moreno y  de José Serrano, titular de la Asamblea. Necesitamos  proyectos integrales  que hasta ahora no se ven. Lo que existen son propuesta aisladas de la sociedad civil, es decir de  sectores de  trabajadores y  jubilados sin el suficiente  estudio de la realidad socioeconómica del país. Tampoco contemplan  la informalidad del  trabajador autónomo, especialmente  porque el correísmo no tuvo claro  la decantada universalidad de la  Seguridad  Social en materia de salud, que no caminó  por problemas de visión, de financiamiento y  de rectoría del sistema de esa institución, así como por la ausencia de políticas para la población.

Un ejemplo de la situación de los ancianos olvidados y sin familias en el país es el asilo San Vicente de Paúl, en Atuntaqui, provincia de Imbabura.

Es deprimente, tiene oficinas desmanteladas, personal desmotivado y está administrado por allegados a políticos. Los aportes para ellos llegan del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del sector textilero y de voluntarios. (O)