Un debate candente se ha generado en cuanto a si la policía está preparada para actuar ante eventos como el ocurrido en Ibarra. Eso tiene que ver directamente con un tema tratado desde la visión de los Derechos Humanos, del uso progresivo de la fuerza y todo lo que implica esta potestad.

La Policía es la expresión armada del Estado para el control de la seguridad interna y cuando se presentan estas situaciones no solo se pone en duda la capacidad de la institución -si son formados, o si actuaron de forma diligente o negligente- sino la capacidad del Estado para ejercer el rol fundamental de proteger los derechos.

La Policía debe ser capacitada para cumplir su trabajo de manera profesional. En cuanto a lo ocurrido en Ibarra se ve claramente que no hubo un procedimiento correcto. En los videos se observa que se manejó una escena con la población civil junto a los agentes, cuando debía existir un cerco. Además se necesitaba de alguien que negocie, pero mientras los policías trataban de mediar, otros apuntaban al agresor y eso pudo generar acciones desesperadas. Con eso no justifico lo que hizo el ahora capturado, pero se actuó inadecuadamente.

Este evento midió la capacidad de respuesta para actuar bajo parámetros que exige el profesionalismo: protección de la persona, el uso legítimo de la fuerza y el principio de legalidad. El hecho duró 90 minutos y eso, en cuestión de seguridad, es un montón de tiempo. No se le podía pedir a un policía de tropa que lo dirima. La responsabilidad iba escalando jerarquías.

Hay una confusión entre la parte operativa y la parte política. En ciertas circunstancias las dos se juntan para decidir cómo actuar en situaciones de riesgo. El Estado tiene la capacidad de poner un punto de orden y hasta solicitar la presencia de las Fuerzas Armadas si es necesario. Evidentemente hay una fractura o mala compresión. Sugiero que se haga un balance, que no haya lavado de manos, que no se diga “yo ya dije esto” o que “hice aquello”.

La ciudadanía es un ente activo en este tema. La solución no está en tomar justicia por mano propia, incurrir en actos xenófobos o invertir en instrumentos letales y no letales, pues eso no contribuye por ningún lado a este tema. Lo que hay que pedir es más claridad al Gobierno en el manejo de la Policía, que también se consoliden la parte judicial y el tema carcelario. Esto debe funcionar adecuadamente, sino la gente se siente en indefensión y origina acciones como la ocurrida en Posorja, donde una turba ejecutó a tres personas.

En conclusión, hay que observar el tema desde diversos ámbitos: analizar la normativa, verificar si la Policía está capacitada y si las instituciones cumplen sus funciones adecuadamente. Lo que pasó en Ibarra, lo que pasó en Machala (policía fue asesinado por un delincuente) y lo que pasó en Posorja muestra síntomas de que algo no está bien alineado y hay que corregir. Está en juego la protección de las personas. (O)