La ONU a través de la Agenda 2030 planteó como su primer objetivo poner fin a la pobreza, un desafío de los países del mundo para los próximos 15 años –han transcurrido dos– y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, la vigencia de derechos humanos y la consolidación de la democracia en el mundo.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza y pobreza extrema en la región representan 175 y 75 millones de personas, respectivamente; y, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diez de los quince países más inequitativos del mundo se encontrarían en América Latina. Como se identifica en el informe de Oxfam ‘Privilegios que niegan derechos’, en 2014, el 10% de la población acaparó el 71% de la riqueza.

La definición de pobreza y pobreza extrema y su forma de medición no tiene un consenso universal, pero se reconoce la denominada pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Para comprender la pobreza monetaria, el Banco Interamericano de Desarrollo utiliza el valor del ingreso diario per cápita y divide a la población en cinco grupos: los pobres extremos cuyo ingreso es inferior a 2,50 dólares diarios; los pobres moderados de 2,5 a 4; la clase vulnerable de 4 a 10; la clase media de 10 a 50 y la clase de altos ingresos de 50 dólares diarios en adelante.

Ahora, la pobreza multidimensional se define en el Informe de Desarrollo Humano 2015 como “la privación en cuanto a una vida larga saludable, en cuanto a conocimiento, en cuanto a un nivel decente de vida, en cuanto a participación…la falta de ingreso suficiente es un factor importante de privación humana, pero no el único…”; y es por ello que la pobreza constituye una situación generalizada, interseccional y estructural de vulneración de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, que se expresa en condiciones de marginación y exclusión social.

Para el sistema nacional e internacional de derechos humanos, el principio de no discriminación, la inclusión social, la progresividad de derechos y el derecho a la vida como el escenario que brinda las condiciones materiales y espirituales para la realización humana, son los pilares de la democracia sustantiva y demandan la lucha contra la pobreza como una forma concreta de promover y proteger derechos humanos.

El Ecuador, en estos tiempos de democracia electoral, debe refrescar su memoria respecto a lo alcanzado en la lucha contra la pobreza; el saldo en los últimos años es positivo, los índices de pobreza bajaron del 38% al 21% y la pobreza extrema del 16,1% al 8,3%; y se aumentaron la inversión y el presupuesto en el sector social, mejorando la infraestructura física y de talento humano. Aún hay desafíos por cumplir en democracia y aquello dependerá de si optamos por un modelo de acumulación empresarial o por un modelo social de inclusión y equidad.