Antes del surgimiento del coronavirus, el país ya observaba un fuerte estancamiento económico y se avizoraba la necesidad de tomar medidas que corrijan la grave situación fiscal. La pandemia viene a profundizar la crisis y desnuda varias falencias estructurales de la institucionalidad del país, destruida principalmente por la gestión del correato, gracias al derroche, irresponsabilidad y monumental corrupción que socavaron las raíces mismas de los valores sociales y la democracia.

La caída de ingresos en el sector público y privado, por menor recaudación tributaria, bajos precios del petróleo, paralización productiva y estancamiento de las ventas empresariales, conllevan inevitablemente a tomar medidas de ajuste; entre las principales, una reducción de gastos del sector público, por la insostenibilidad de su nómina, y normativa de flexibilización laboral, para evitar el desempleo en el sector formal de la economía; sin embargo, las reacciones en contra han sido la tónica desde todos los sectores, incluidos medios de comunicación, que siguen invitando a representantes de la Revolución Ciudadana, a sabiendas de su responsabilidad con la debacle económica y moral del país, para que nos den soluciones.

Varias instituciones del Estado, entre ellas los GAD, rechazan reducciones en sus presupuestos, a pesar de que las fuentes de financiamiento no tendrán los ingresos esperados; los trabajadores se oponen a la flexibilización laboral que el sentido común exige, los indígenas rechazan cualquier medida sin argumentos, las empresas no están dispuestas a más contribuciones, “no es el momento” aducen. Ciertos partidos políticos sacan provecho propio y otros se oponen mediante el populismo y la demagogia de siempre; así vemos “coincidir” la derecha socialcristiana con la aborrecible Revolución Ciudadana. Las redes sociales estallan por cualquier declaración o medida que toma o deja de tomar el Ejecutivo y los alcaldes se quejan (incluye la inefable rabieta del GAD “exitoso”). Todo esto en medio de una corrupción abominable y descarada. Somos, sin duda, un país imposible. “Todos deben sacrificarse, menos yo”, parece ser la frase que nos anima. ¿Qué más se necesita después de la pandemia para alcanzar un acuerdo básico? El tejido social ecuatoriano está infectado por la intolerancia y el resentimiento. Esta es la primera tarea de reconstrucción que tenemos como sociedad para ser un país viable; caso contrario, seremos irremediablemente subdesarrollados. Un país imposible. (O)