La administración tributaria de un Estado es un organismo eminentemente técnico que tiene a su cargo la recaudación de ingresos públicos, en esencia los impuestos internos y externos. Y no solo que no precisa que su cabeza sea un político, más bien es lo ¡no deseado! Ya que nadie se pone feliz de pagar tributos. No conozco de alguien que se levante a fin de mes, deseando que el empleador le descuente la retención del impuesto a la renta destinado a las arcas públicas.

Al final de cuentas el impuesto es la forma en la que el Estado, utilizando la ley, se hace de un pedazo del patrimonio que es del contribuyente; que de no mediar la ley cometería un delito de hurto o robo.

De la misma forma que cuando usted necesita de un médico, buscará según sus posibilidades al mejor en su especialidad, no le auguro pronta salud si su elección es en función de su afinidad política, el resultado será catastrófico; lo mismo para buscar un abogado o un arquitecto.

Lo peor que puede ocurrir es que, a la delicadísima gestión de recaudar tributos, se le imponga una visión política. Parte de la culpa de que estemos actualmente en “remisión tributaria” obedece a la decisión de algunos contribuyentes, que al sentir que existen abusos en el ejercicio de las amplias potestades discrecionales de la Administración Tributaria (ej. A qué contribuyentes realizar determinación) decidieron no pagar lo que la ley les exige. Refiriéndome en particular al SRI, actualmente se han dictado resoluciones (ej. la Resolución N° 264 que refiere a los “factores de ajuste” en procesos de determinación de impuesto a la renta) y se han modificado procedimientos internos, ¡confidenciales!, que corrijan prácticas alejadas de la equidad y la justicia.

Con motivo del Seminario de la Red de Estudios y Políticas Tributarias en Iberoamérica, el delegado del Servicio de Impuestos Internos de Chile, entidad con 114 años de existencia, compartió la experiencia chilena. Su director no lo “elige” el Presidente de la República, como en Ecuador, sino que es el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), organismo de derecho público, el cual, a través de un sistema de ternas, determina a los mejores postulantes a todo cargo de altos directivos en el servicio público. Una buena práctica que debería implementarse en Ecuador.

De esta manera evitaríamos que activos militantes o quienes ven en ello un escalón para la política, busquen ocupar el cargo de director. (O)