La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre mujeres indígenas en las Américas de abril de 2017; enfatiza que la discriminación es una causa tanto de la violencia como de la falta de respuesta frente a esta, además, “las percepciones estereotipadas según las cuales las mujeres indígenas son inferiores, sexualmente disponibles y/o víctimas fáciles”; dan a los perpetradores la percepción de que la violencia… no se investigará debidamente…” ni en la justicia ordinaria, ni en la justicia indígena.

La muerte violenta cometida en mayo de 2017 contra Meibi Lozano, mujer Saraguro, que cursaba sus estudios universitarios en Riobamba, por parte de su novio Denis Quizhpe, pone a prueba el sistema de justicia frente al delito de femicidio, puesto que la Sala Especializada de lo Penal en Chimborazo, pese a que confirmó la sentencia de 26 años, dispuso que al sentenciado por ser parte de la comunidad indígena de Llincho en Saraguro, se le dé facilidades para que asista a sesiones, mingas, trabajos comunitarios y otras actividades culturales; lo cual está ocasionando problemas de convivencia entre las familias y comunidades involucradas.

Hay que mencionar que en este caso, las autoridades indígenas de Llincho (victimario) y Gunudel (víctima) cedieron la competencia a la justicia ordinaria; las organizaciones indígenas a nivel nacional condenan la violencia de género y el femicidio; la legislación vigente promueve la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y el sistema de derechos humanos conmina al país a desarrollar mecanismos de cooperación intercultural.

El caso se encuentra en manos de la Corte Nacional de Justicia, en razón del recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, en esa instancia, además de garantizar la justicia para la víctima, su familia y comunidad, se debe promover medidas reparatorias que apunten a transformar las relaciones de género, rehabilitar al agresor evitando conflictividad social y proponer mecanismos de coordinación con la justicia indígena en un tema en el cual debe haber acuerdos interculturales. (I)

Patricio Benalcázar Alarcón
Especialista en Derechos Humanos