El fenómeno migratorio pone en evidencia las brechas existentes en materia social, tanto de los países productores, como de los que acogen los fenómenos migratorios. Es así que la pobreza se ha agudizado especialmente en zonas que presentan mayores flujos, haciendo aún más visibles los niveles de desigualdad.

Es indispensable identificar los niveles de vulnerabilidad que llevan consigo las personas en situación de movilidad humana: los riesgos de explotación, abuso, captación por grupos irregulares, redes de trata y tráfico; discriminación y xenofobia en los países de destino y tránsito, escaso o nulo acceso a servicios de salud, educación e inclusión socio económica; perennización de la situación irregular producto del tránsito por puntos irregulares y trochas.

Frente a estos factores de riesgo, la situación humanitaria y las respuestas de los Estados y programas de atención evidencian las falencias estructurales que presentan los sistemas de protección de derechos, políticas de atención y, finalmente, las bases mínimas de protección social para garantizar una migración en condiciones de dignidad.

Un tema del que se habla mucho menos es la mortalidad en la movilidad humana. Los casos de desapariciones de familiares y muertes de migrantes en los países de destino están ligados precisamente al acceso a servicios de salud, la situación regulatoria y a diferentes riesgos que elevan la tasa de mortalidad por el hecho de ser migrante.

Según datos de la OIM, los venezolanos encabezan las listas de muertes de migrantes en Latinoamérica. Los fallecidos procedentes de Venezuela ya constituyen la nacionalidad más numerosa de estas víctimas, seguida de Haití (59), Guatemala (55) y Honduras (42), de acuerdo al Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la OIM (aunque se desconoce la nacionalidad precisa de 178 fallecidos en América). (INFOBAE, s.f.). Las causas de estas muertes son varias y están vinculadas directamente a la condición de migrante, ya sea durante el tránsito o la permanencia.

Esta situación se agrava con el hecho de que la falta de mecanismos diplomáticos entre los países de destino con el gobierno bolivariano imposibilita a las familias, o al menos dificultan, la posibilidad de encontrar los restos y la repatriación de los cadáveres. Existen varias iniciativas, en su mayoría de organismos humanitarios, que permiten establecer conexión de las familias para la ubicación de familiares desaparecidos o muertos en otros países.

Sin embargo, estos procesos administrativos pueden tardar mucho tiempo antes que las personas puedan tener noticias de sus familiares. El uso de redes de comunicación y otros canales pueden facilitar la búsqueda y el contacto, aunque esto no disminuye el riesgo permanente que conlleva el hecho de ser migrante en las condiciones más precarias.

Por estas y todas las razones que se puedan argumentar, se hace necesario contar con un piso mínimo de protección de los Derechos Humanos de la población migrante y refugiada, así como la activación de todos los sistemas y servicios humanitarios para atender su situación integral. (O)