La seguridad jurídica en al ámbito tributario precisa una legislación previsible en el tiempo, lo que no puede entenderse como el “año fiscal”. Si bien el Código Tributario ya determina que las reformas a tributos cuya liquidación es por períodos anuales no serán aplicables sino desde el 1 de enero, y lo mismo en impuestos de liquidación mensual que serán aplicables desde el primer día del mes siguiente.

El Ecuador no puede cambiar las reglas de juego -ni a favor ni en contra- a vísperas de cada año que acaba.

La soñada justicia tributaria no pasa por reformar la ley tributaria todos los años ni por la cantidad de resoluciones generales que emite el SRI (55 en lo que va de 2019). Lamentablemente, desde el Ejecutivo, la Asamblea y los grupos empresariales nos han vendido la idea de que las dificultades e injusticias tributarias tienen una cura milagrosa con más leyes y reformas en normativa secundaria.

En tanto que quienes forman parte de la “clase sándwich”, esto es, que no pueden aprovechar los beneficios de las clases altas con posibilidad de efectuar grandes inversiones en industrias básicas con exoneración de impuestos (refinación de cobre y/o aluminio; fundición siderúrgica de acero, refinación de hidrocarburos, industria petroquímica, industria de celulosa, construcción y reparación de embarcaciones navales) ni tampoco son lo suficientemente pobres para aprovechar la fracción exenta de impuestos ($ 943 mensuales), son quienes al final del día sostienen la recaudación tributaria en Ecuador; esto es los $ 12.154 millones recaudados hasta octubre de este año.

Mientras no apreciemos que solo tenemos $12.154 millones y que se debe priorizar su distribución para reducir las brechas de desigualdad entre ricos y pobres (ambos beneficiarios de las exenciones de impuestos, sorprendentemente) y que las reformas al régimen tributario le quitan previsibilidad al empresario, tranquilidad al trabajador y expectativas al inversionista, reformas tributarias como la que ahora se discute solo sirven para justificar los errores del Ejecutivo, demostrar la incapacidad de la Asamblea y enriquecer a los lobistas con influencia para ajustar la ley a los intereses de sus clientes.

El mejor mensaje para mejorar la recaudación tributaria es una moratoria de varios años en la que no se dicten normativas y que los esfuerzos del ciudadano sean para su negocio y no para el cumplimiento de obligaciones formales que consumen tiempo y dinero, y que nos hacen menos competitivos en el mundo. (O)