A finales de 2011, Michael Andrés Arce Méndez, luego de graduarse como bachiller en el Colegio Mejía, ingresó a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, con el sueño de convertirse en el primer general afroecuatoriano.

Los días en la ESMIL fueron difíciles, al punto que él y su familia decidieron acercarse a la Defensoría del Pueblo y denunciar que durante el reclutamiento fue humillado, tratado con odio, infringiéndole castigos, ejercicios físicos excesivos, impidiendo que se alimente con sus compañeros, obligándole a realizar turnos de guardia a semana seguida, sin relevo y descanso, calificándolo de inútil, vago, inservible y siempre pidiéndole que se vaya.

La Defensoría del Pueblo, luego de investigar concluyó que se afectó los derechos a la integridad personal, igualdad y no discriminación y educación, exhortó a las autoridades competentes que inicien un expediente disciplinario e implementen programas dirigidos a erradicar la discriminación; además, puso en conocimiento de la Fiscalía la documentación de respaldo para que se realice una investigación penal.

 Desde 2012, diversas instancias de la administración de justicia han intervenido hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia que ratificó la sentencia por el delito de odio, ordenando el cumplimiento de la pena al infractor, atención psicológica y pago de daños y perjuicios a Michael, la publicación de la sentencia por la ESMIL y las disculpas públicas.

 En octubre de 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en el examen al país, manifestó su preocupación por la ausencia de casos de delitos vinculados con la discriminación racial en los tribunales nacionales, no porque no existan hechos vinculados al delito, sino porque dichos casos se desestiman y más si son presentados por personas afroecuatorianas.

 El caso Arce, más allá de sus propias circunstancias, da la oportunidad a la sociedad y a la institucionalidad para cuestionar si el discurso y la práctica del racismo están incorporados en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras diarias exclusiones y en nuestros simbólicos afectos. La inexistencia o escaso número de denuncias por actos de discriminación racial podría revelar que las víctimas tienen poca información de sus derechos, temor a la reprobación social y a represalias, falta de confianza en los órganos estatales o falta de sensibilización y conocimiento de los servidores frente a las infracciones racistas.

A pocos días de que en la ESMIL se cumpla el acto de disculpas públicas a Michael, es preciso reconocer la importante actuación de la justicia por su mensaje reparador que debe tener una profunda cuota de reconciliación para las Fuerzas Armadas y una más profunda cuota de verdad para una sociedad que debe transformar su cotidiano y estructural racismo, en una humanidad hermanada desde su diversidad y diferencias. (O)