La cirugía mayor que, al inicio del gobierno, Moreno hiciera a los ecuatorianos, ha sido una promesa difícil de cumplir.  En parte, porque el sistema de corrupción que se tejió durante 10 años llegó a ser tan eficaz que desarticular semejante estructura no iba a ser posible en solo tres años: en realidad, siendo objetivos, es posible que nos tome más de una década parar al país del desfalco del que fue objeto.

Por otro lado, deshacerse de cientos de funcionarios públicos que estaban allí para sostener una burocracia políticamente funcional, que fue necesaria para apuntalar un proceso clientelar y viabilizar la corrupción, era una tarea titánica que debió hacerse al inicio del gobierno, pero se dejó pasar mucho tiempo.   

Por último, algunos funcionarios claves del correísmo siguieron incrustados en puestos estratégicos (y otros siguen allí); no sabemos si por ser parte de un acuerdo político extraño o si están trabajando por la impunidad de los que se fueron.

Todos estos elementos han terminado por complicar la ejecución de la cirugía mayor prometida.

Ahora bien, conviene reconocer algunos aciertos, como la consulta popular que viabilizó la reestructuración de los órganos de control, y además  dio a estos órganos un poco de aire para poder cumplir su labor, aunque el mérito –hay que decirlo- lo tiene Julio César Trujillo.

No obstante, los últimos acontecimientos nos demuestran que, si bien existió una genuina intención de la lucha contra la corrupción, no se hizo lo suficiente y lo visto a propósito de la emergencia nos hace pensar en que deben haber muchos otros casos que no se conocen porque están siendo cubiertos por funcionarios que aún están en la función pública.

El verdadero combate contra la corrupción debe venir acompañado de un sistema formal que involucre a varios estamentos: no todo es responsabilidad de Fiscalía; allí deben intervenir Policía especializada, y Función judicial; si no se lo hace así es imposible descubrir, ubicar, rastrear activos y judicializar los casos.

Es básico tener una ley de recuperación de activos producto de la corrupción, y a ese respecto, iniciativas ha habido, pero ha faltado voluntad política.  Importante contar con ayuda internacional, pero allí tampoco se  fortaleció a la comisión internacional que con bombos y platillos se inauguró en un acto ostentoso para luego abandonarla a su suerte y sin recursos.

Siendo así, estos tres años nos quedan debiendo en acciones efectivas de lucha contra la corrupción.

Las últimas decisiones de desvinculación de funcionarios, ya sea en la representación diplomática como en otras carteras, más bien saben a acciones apuradas y a consecuencia más bien de la indignación y presión social, antes que una rectificación en la gestión pública. (O)