El pasado 14 de julio, a través de EL TELÉGRAFO, se conoció que los 200 grupos económicos más grandes de Ecuador remitieron $ 49.975 millones hacia el exterior e ingresaron $ 35.602 millones al país, generando así una transferencia externa neta por $ 14.375 millones que nunca regresaron.

Además de opaca, esta salida de dinero implica una desacumulación interna de capitales que forma parte de una estrategia desestabilizadora contra los gobiernos posneoliberales progresistas. En esta confluyen dos tendencias: en el ámbito doméstico, propiciar la desacumulación y, en el ámbito internacional, promover el deterioro de los términos de intercambio.

Daniel Estulin -autor de La Historia Definitiva del Club Bilderberg (2008), El Imperio Invisible. La Auténtica Conspiración del Gobierno Mundial de la Sombra (2011) y Fuera de Control. ¿Cómo Occidente creó, financió y desató el Terror del Estado Islámico sobre el mundo (2016)-, señalaba que uno de los objetivos de los Bilderberg es desindustrializar el mundo suprimiendo todo desarrollo científico en los países del Sur. Forman parte de este Club las personas más ricas e influyentes del planeta, los líderes más connotados de los oligopolios y monopolios globales.

Apuntando hacia la Celac y Unasur, tal estrategia busca que nuestros gobiernos no asuman la construcción soberana de su futuro (aquí se explica la situación de Brasil, Argentina, Venezuela). Sus tácticas es evitar que nuestros países formen parte de la construcción de sociedades equitativas, inclusivas, igualitarias incorporadas a la revolución industrial digital contemporánea, a la profunda transformación de las ciencias y tecnologías, esperando condenarnos a seguir siendo países exportadores de alimentos y materias primas.

En los últimos años, en las reuniones del Club Bilderberg, el petróleo ha sido un tema central de discusión. Su mayor preocupación es evitar el incremento del precio del crudo. ¿Cómo contrarrestar este potencial resultado? En el diseño estratégico de su economía para el siglo XXI, Estados Unidos se plantea un objetivo central: controlar a los países que tienen petróleo y gas natural. Además de Venezuela, Bolivia y Ecuador, aquellos incluyen a los países de Oriente Medio, una región donde Estados Unidos establece una hegemonía amenazadora frente al fortalecimiento de Rusia.

Desde la década de los 90, políticos y líderes de las élites estadounidenses, entre los cuales se encuentra el candidato republicano Donald J. Trump, consideran que la hegemonía de su país depende del control de todas las reservas energéticas cruciales de Rusia y de otros países productores. A tal efecto, la “terapia de choque” comenzó a operar desde la crisis global del 2008 y su consecuente impacto de baja en los precios del petróleo, gas natural, minerales y alimentos experimentado desde 2014.

A consecuencia de lo anterior, en 2015, los países del Sur dejaron de percibir más de 15 mil millones de dólares, ingresos estos que hubiesen financiado inversiones internas orientadas -como sucede en los casos de los gobiernos progresistas latinoamericanos- a disminuir la pobreza, la inequidad, la exclusión y la injusticia.

Paradójicamente, el 1% de la población mundial, el Club de los más ricos llamados eufemísticamente los nuevos “ciudadanos globales”, han acumulado el 47% de la riqueza mundial, mientras el 99% accede al 53% de la riqueza generada por nuestros pueblos.

Con la reducción del precio internacional de las materias primas y los alimentos, Estados Unidos y la Unión Europea recuperaron en promedio más de $ 140 mil millones en 2015. Este ha sido su primer triunfo, no esperemos darle otro.

El manejo de la crisis intencional del petróleo ha generado una recesión que debilita los esfuerzos de los países del Sur por modernizar sus sociedades y economías. Estados Unidos, que estratégicamente mantuvo bajo tierra su petróleo a lo largo del siglo XX, abrió la llave y en alianza con sus socios en Oriente Medio elevaron la oferta global del crudo en estos últimos años.

Frente a este panorama global, la tarea histórica impostergable sigue siendo, como lo planteó el gobierno de Rafael Correa, el cambio de la matriz productiva y energética, un esfuerzo que requiere industrializar la economía y transitar hacia una sociedad del conocimiento sostenible, incluyente y equitativa. (O).