El próximo 24 de febrero el presidente Lenín Moreno cumplirá nueve meses en el Palacio de Carondelet. Durante este tiempo ha quedado claro que su discurso de campaña tenía una agenda de gobierno distinta a la que la oposición hacía referencia durante la contienda electoral.

El distanciamiento con su antecesor, el encarcelamiento de su vicepresidente, Jorge Glas, la ruptura con el movimiento político que auspició su llegada al poder, la fractura del bloque legislativo y la consulta popular no estuvieron en el radar de los analistas políticos de ese entonces.

Ahora el Presidente está fortalecido, tiene un bloque de legisladores que responden al morenisno y un bloque de oposición que no encuentra su rol porque ellos deberían fiscalizar pero quien lucha contra la corrupción es Lenín Moreno. Este nuevo panorama puede suponer un riesgo para los ciudadanos porque no sabemos qué esperar del Gobierno.

En este escenario se vuelve imperioso observar el proceso de implementación de los resultados de la consulta. No se puede dar cabida a interpretaciones antojadizas ni del bloque oficialista y ni del ala correísta en la Asamblea Nacional. Los movimientos políticos de oposición, los medios de comunicación y las organizaciones sociales están llamados a desempeñar un rol activo de defensa del mandato ciudadano expresado en las urnas.

Este rol debe ser desempeñado con responsabilidad y un alto sentido patriótico. El debate debe dejar de enfocarse en quiénes deberían integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y más bien centrarse en los procedimientos que serán efectuados para ello.

Es necesario pedir transparencia y respeto a las normas, así como observar fielmente que la mayoría de los ecuatorianos se pronunció a favor de derogar íntegramente la Ley de Plusvalía, aprobada en 2015 por el exgobierno de Rafael Correa y que ha sido la causante de la pérdida de cientos de empleos en el sector de la construcción.  También los ciudadanos aprobaron constituir un Consejo Transitorio en el que sus miembros no conserven las características y las prácticas partidistas de sus antecesores ni hayan sido afiliados a partidos políticos. (O)