La economía ecuatoriana tiene un problema estructural: el déficit público. El Estado gasta más que sus ingresos. El 2008 fue el último año con un superávit de $2700 millones. La contabilidad nacional registró déficit los últimos 12 años. En 2014, superó el 6% del PIB equivalente a más de  $6000 millones. Según, el Ministerio de Economía y Finanzas, en medio de los efectos de la pandemia del covid-19, 2020 cerraría con un déficit de $7324 millones y 2021 con $2813 millones.

Para financiar el déficit público, los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno recurrieron a endeudamiento público. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que limita la deuda pública a 40% del PIB es letra muerta. Hace 12 años, la deuda correspondía a 16.4% del PIB equivalente a $10231 millones; en 2017, bordeaba el 44.6% del PIB equivalente a $46536 millones; y, hasta noviembre de 2020, alcanzaba el 62% del PIB equivalente a más de  $60000 millones.

La semana pasada, el Ministro Mauricio Pozo anunció un nuevo convenio con la International Development Finance Corporation por un monto de $3500 millones a ocho años plazo, con un año de gracia y 2.4% de interés. La infame condición es que el Gobierno monetice los principales activos estatales, entre ellos, los sectores estratégicos como telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, refinación de hidrocarburos.

Uno de los más importantes y más sensibles acreedores del Gobierno es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para evitar el inminente colapso del fondo del seguro general de salud familiar e individual y el fondo de invalidez, vejez y muerte; según la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones que ascendería a S16000 millones.

Si el Gobierno prevé la monetización de los principales activos estatales como el Banco del Pacifico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones o la Central Hidroeléctrica Sopladora sería preferible que esos activos estatales sirvan para una dación en pago que genere rendimientos a los fondos y garantice el futuro del IESS.