La relación de poder entre adultos y niños, niñas y adolescentes (NNA) evidencia un traspaso generacional de la violencia. Según estudios del Consejo para la Igualdad Intergeneracional y organizaciones internacionales hay el 62% de normalización de dichas relaciones; por otra parte, en el sistema escolar, el 26% de NNA está expuesto a golpes, insultos y privaciones; sin embargo, en la convivencia entre pares la violencia y el acoso también se hacen presentes.

En el año 2014 el Ministerio de Educación, Visión Mundial y Unicef presentaron el estudio ‘Violencia entre pares en el sistema educativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador’; donde se señala que el 60% de los estudiantes entre 11 y 18 años ha sido víctima de violencia ocasionada por sus compañeros; violencia expresada en insultos y apodos, rumores o revelación de secretos, sustracción de pertenencias, golpes y ciberacoso.

Los agresores del acoso escolar en el 40,3% también han sido víctimas de alguna forma de violencia, presente mayoritariamente en hombres (28,5%) que en mujeres (14%); ellos justifican su práctica como una respuesta a provocaciones, desahogo, venganza y la intención de molestar; es decir, reproducen relaciones de violencia que viven cotidianamente en la familia, la comunidad y la escuela.

La violencia en el sistema escolar es la reproducción de la vida social y muestra las fracturas de la construcción de la convivencia marcada por relaciones de poder donde las diferencias de clase, étnicas, intergeneracionales, de origen nacional o regional, de orden físico y mental, o cualquier otra condición que visibilice diferencias subyacen.

En el año 2013 el Ministerio de Educación con acierto emitió mediante Acuerdo Ministerial 332-13 la Guía para la construcción participativa del Código de Convivencia Institucional, cuya implementación era obligatoria en todos los centros educativos; actualmente el Ministerio cuenta con protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo (2017), dentro de los cuales se propone la participación activa de la comunidad educativa para contar con Códigos de Convivencia.

Es preciso preguntarse, ¿si todos los centros educativos cumplieron con la tarea?, ¿si la aprobación de los códigos superó el remplazar el título de Código de Convivencia por el de Reglamento?, ¿si hay una efectiva supervisión del órgano rector y de control para garantizar que los Códigos de Convivencia se construyan participativamente en base a acuerdos y consensos sobre las relaciones entre docentes y autoridades, entre docentes /autoridades y estudiantes, entre familias y docentes /autoridades, de modo que se promueva el respeto y la cordialidad entre los miembros de la comunidad educativa? Estas y otras preguntas aún están pendientes. (O)