El Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo que examina a Ecuador en el Examen Periódico Universal (EPU) publicaron el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que recopila información de los informes de los Comités de los tratados y otros mecanismos especiales del sistema universal de las Naciones Unidas sobre Ecuador.

El reporte del organismo destaca las obligaciones cumplidas, así como las pendientes, los avances y retos en materia de legislación nacional y la situación de derechos humanos. En esa perspectiva se reconoce la ratificación del Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares de 1981, el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de 2011 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961; sin embargo, está pendiente la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras públicas a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos, y la declaración prevista en los artículos 76 y 77 de la Convención de Trabajadores Migratorios para el tratamiento de comunicaciones individuales.

En materia legislativa, los Comités hacen relación a 15 leyes; de las cuales 8 están en vigencia: el Código Orgánico Ambiental, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley Orgánica de Movilidad Humana, Ley de los Consejos de Igualdad, Ley Orgánica de Derechos Laborales, Ley de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, Ley de Discapacidades y Ley relativa a la identidad nacional; y 7 están pendientes: Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que incluye el Mecanismo de Prevención de la Tortura, Ley de Víctimas de Violencia, Ley del Sistema Integral de Protección de Derechos Humanos, Ley de Coordinación entre Justicia Indígena y Justicia Ordinaria, Ley contra la Discriminación Racial, Ley de Práctica Intercultural para el Parto y Ley de Consulta Previa.

Respecto a la situación de derechos humanos, en el informe se plantean 100 observaciones, de las cuales el 20% se centra en los derechos de las mujeres, el 13% se preocupa por las normas que regulan las organizaciones de sociedad civil (Decretos 16 y 739), el 8% hace relación a la discriminación racial y acceso a derechos de pueblos afro, indígenas y montubios, el 8% a los derechos de las personas con discapacidad, el 5% a los centros de privación de libertades, el 3% a la Ley de Comunicación, el 3% a consulta previa y el 40% restante a otros temas también importantes.

Sin duda el EPU permite valorar la perspectiva intergubernamental, de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y de los órganos del sistema universal y constituye una ventana de oportunidad para construir una agenda nacional de derechos humanos con responsabilidades diferenciadas y complementarias. (O)