En las última décadas la conflictividad socioecológica alrededor del extractivismo megaminero se ha exacerbado en el sur geopolítico. La minería metálica a gran escala es, sin lugar a dudas, una de las actividades más devastadoras y ha sido responsable de la ocupación y militarización de territorios locales, así como de la persecución, criminalización, y asesinato de líderes indígenas y sociales.

En Ecuador, el país de los derechos de la naturaleza, el 16% del territorio fue concesionado para megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Esta “subasta”, que se desarrolló de forma ilegal e inconstitucional, irrespetó los procesos de movilización social y resistencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la profundización del extractivismo y la consolidación de un “complejo minero-petrolero-energético” fue posible gracias a un marco normativo, institucional y político, servil al imperialismo chino.

No solo permitió, sino institucionalizó una suerte de “festín minero” o “capitalismo extractivista”. Este fue fundado en consensos con el gigante chino, el mayor beneficiario de concesiones en los 3 sectores. Los saldos son dolorosos y se evidencian ahora con al menos 3 gravísimos casos: el proyecto Mirador en manos de la empresa china, Ecuacorrientes SA., alrededor del cual 3 dirigentes shuar fueron asesinados, un barrio entero fue desplazado y enterrado, y decenas de comunidades sufren los impactos.

Este proyecto, que ya fue sancionado por las condiciones laborales de sus trabajadores, enfrenta un proceso por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

El proyecto San Carlos Panantza fue concesionado a la misma multinacional china, que en 2016 junto con el Estado ecuatoriano fue responsable de la desaparición de la comunidad shuar de Nankints, de la militarización y desplazamiento de otros 5 centros shuar, de la criminalización de 70 indígenas. Durante los desplazamientos forzados, Dallana, una niña de 11 meses, falleció en medio de la indolencia gubernamental.

Ahora son las comunidades de  Río Blanco, Llapín, Cochapamba, Hierba Buena, San Pedro de Yumate y San Felipe de Zuro, las que se enfrentan a la minera china Junefield y reciben como respuesta violencia. Ellos  denuncian el saqueo  y la contaminación de sus ecosistemas, defienden los páramos del Parque Nacional Cajas, declarado por la Unesco como reserva mundial de vida, defienden el agua y la soberanía de sus territorios. El 4 de febrero de 2018, más del 70% del país votó de forma contundente en contra de la megaminería metálica en todas sus fases. (o)