No fue, sino hasta que sobrevino una pandemia mundial, que nos dimos cuenta que el uso de los medios tecnológicos en el sistema de justicia eran de vital importancia.

Para simplificar procedimientos, generar ahorro en los trámites judiciales y sobre todo para sobrellevar momentos como el actual, donde se requirió en un primer momento del aislamiento total y luego la implementación progresiva (con semáforos) de lo que llamamos “la nueva normalidad”, donde se exige el distanciamiento social como el arma más eficaz para evitar la propagación de la pandemia. 

Sin el uso de los medios telemáticos, hubiera sido muy difícil cumplir con tareas elementales para lograr el funcionamiento parcial del sistema judicial, sobre todo en las áreas más sensibles y congestionadas como delitos flagrantes, violencia contra la mujer y la familia, y garantías jurisdiccionales.

Con los medios adecuados, una debida capacitación al personal de la Función Judicial, así como a los profesionales del derecho que ejercen libremente, sería factible sustituir, aunque sea de modo emergente, el modo presencial para la evacuación de ciertos actos procesales, donde solo sea necesario una buena conexión a internet para lograr el desarrollo de una diligencia exitosa.

Con ello no quiero decir, que esto sea útil para todos los casos; depende de la complejidad del acto procesal.
Esta pandemia hizo madrugar, nos cogió desprevenidos y fue cuando nos dimos cuenta que existe la posibilidad de perder una conexión física absoluta y que la única forma de interactuar, laborar, hacer justicia, es a través de una plataforma tecnológica. No podemos cerrarnos a la posibilidad de que podamos regresar al aislamiento, o cegarnos a que ocurra un evento similar en los próximos años; por ello, debemos avanzar a pasos agigantados en el uso de los medios tecnológicos para acoplar nuestras actividades cotidianas y sobre todo la justicia, a una nueva forma de vivir.

Como un primer paso se requiere de la capacitación permanente de todo el engranaje del sistema de justicia, incluyendo abogados en el libre ejercicio. Eliminación o actualización del sistema Polycom, puesto que existen tecnologías más eficientes. La apertura permanente de la ventanilla virtual de recepción de escritos, sobre todo para los procesos donde opera el plazo y no los términos. Y, digitalización total de los procesos. Solo así comprobaremos en términos prácticos, si funciona o no, “la justicia tecnológica”. (O)