En 1990 terminó la dictadura militar chilena de Pinochet, y con ello inició una  transición que convirtió al país en el “Jaguar de Latinoamérica”, un hito mundial en cuanto a índices de crecimiento económico, competitividad y desarrollo financiero; sin embargo, 29 años después, el país expuso heridas que se evidencian desde las protestas de octubre de 2019.

Las protestas iniciaron con un levantamiento estudiantil contra el aumento del pasaje de metro, desembocando en una crisis social que lejos de terminar, ha ido en aumento. Las bajas pensiones recibidas por los jubilados, la inconformidad de los transportistas, que rechazan el costo de las tarifas de los peajes, y un coeficiente de Gini de 0.50 ubicándolo como uno de los países más desiguales del mundo, demuestran que el modelo de libre mercado chileno, a pesar de haber producido mayor riqueza, es insostenible.

Si bien la generación de riqueza no es improvisada, la crisis chilena demuestra que el libre mercado no prospera de manera sostenida si no se consideran las necesidades sociales de los diversos sectores, lo que, sumado al tamaño del Estado y prácticas mercantilistas, a través de las cuales grupos económicos específicos son favorecidos atendiendo a los intereses de los gobiernos de turno, resultan la fórmula perfecta para el caos.

A causa de la inestabilidad nacional, la violencia se apoderó de las protestas con millones en pérdidas, obligando a los actores políticos chilenos llegar a un acuerdo para la realización de un plebiscito que permita a los ciudadanos tener una nueva Constitución.

Ante la aparente calma de los primeros meses de este año, el fin de las vacaciones de verano del país del sur marcará la vuelta a la realidad y consigo un reinicio de las protestas, así como un intenso activismo de campaña previo al próximo plebiscito, de manera que será la oportunidad propicia para recordar que ante la inminente reforma constitucional es imperativo considerar a la Carta Magna como un documento vivo, que necesariamente se adapte a los intereses y nuevos contextos sociales, políticos, económicos y culturales, y que no se olvide del resto de necesidades imprescindibles para garantizar la dignidad de los individuos.

Para Ecuador es imperativo que el caso chileno sirva como una lección para prevenir antes que lamentar. (O)