En 2007, para combatir un sistema de gobierno corrompido, Guatemala crea la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2007. Se trata un organismo independiente, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas y financiado por varios países.

Este diseño institucional parece contribuir, al menos en parte, a alcanzar importantes resultados. Los indicadores de violencia e impunidad han mejorado en la última década. Tal vez el mayor éxito fue derrocar y procesar al entonces presidente, Otto Pérez Molina, en 2015.

Hoy, es el actual presidente, Jimmy Morales, quien se encuentra bajo escrutinio y con similar pronóstico. Para evitar tal destino, el presidente Morales ha anunciado que no renovará el mandato de la Comisión y ha ordenado se impida al jefe de la misma ingresar al país.

Estas son señales preocupantes para la democracia del país, pues la corrupción y la impunidad atentan contra ella. La balanza de la justicia inclinada en beneficio de unos pocos es incompatible con el gobierno de las mayorías.

Y la mayoría de guatemaltecos aprueba el trabajo de la Cicig (cerca del 70%), en contraste con la aprobación del presidente Morales (cerca del 20%).

Este notorio apoyo a la Comisión se debe a sus resultados, que difícilmente podrían haberse logrado sin independencia política y financiera del Estado.

Guatemala parece construir con firmeza una democracia madura, al combatir la impunidad en todos los espacios donde sea necesario. Nadie, ni siquiera jefes de Estado en funciones, está excluido.

Una real lucha contra la corrupción y la impunidad debe gozar de esa libertad de acción. Esta, a su vez, se facilita si los organismos encargados de luchar son independientes. Si bien existen otros caminos para el mismo destino, resulta conveniente y urgente que las lecciones que Guatemala aprende hoy sean consideradas por los países de la región que actualmente abanderan similares aspiraciones. (O)