La semana pasada, la Asamblea boliviana aprobó el impuesto a las grandes fortunas. El tributo grava a los patrimonios mayores a USD 4.3 millones. El impuesto progresivo oscila entre el 1.4% y el 2.4% de la fortuna. Así, por ejemplo, una persona que tiene un patrimonio de USD 7.2 millones paga un tributo anual de USD 87 mil.

En diciembre, el Congreso argentino aprobó el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. El impuesto grava a los bienes mayores a USD 2.3 millones. El tributo fluctúa entre el 2% y el 3.5% del valor de los bienes. Una persona que posee bienes valorados en más de USD 35 millones paga un impuesto de un millón de dólares. La recaudación es distribuida en un 20% para la elaboración de insumos médicos; 20% para subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas; 20% para becas educativas; 15% para inversión en salud y vivienda; y, 25% para proyectos energéticos.

Las iniciativas de Bolivia o Argentina no responden únicamente a la orientación ideológica de sus gobiernos; en octubre pasado, hasta el FMI manifestó que los gobiernos tienen que mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables pues la crisis afecta de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad.

En nuestro país, según UNICEF, 2020 finalizaría con una extrema pobreza de 19% y una pobreza de 38%; es decir, 3.3 millones viven con menos de USD 48 mensuales y 6.6 millones viven con menos de USD 85 por mes.

A la par, hasta noviembre, 24 bancos privados obtuvieron utilidades por más de USD 205 millones, entre ellos, Banco Pichincha ganó USD 45 millones; Banco Internacional, USD 28 millones; y, Banco Guayaquil, USD 26 millones. Los bancos no producen dólares, los receptan de sus clientes, los prestan a sus usuarios y sus utilidades son los intereses que pagan los usuarios por los dólares de los clientes.

En medio de la mayor crisis económica, esta vez, siguiendo la ortodoxia del FMI, el Gobierno tiene la obligación de gravar las grandes fortunas como las de los bancos privados en beneficio de casi 10 millones de ecuatorianos que viven en la miseria. (O)