Más de 2,7 millones de mujeres en el mundo no tienen legalmente acceso a las mismas opciones laborales que los hombres. Es una cifra que reveló el Banco Mundial en su último informe bianual Mujer, Empresa y el Derecho de 2018, al analizar esta realidad entre un total de siete indicadores. Apoyar a las madres con acceso a créditos fiscales, cuidados de sus hijos en guarderías, puede impulsar la participación femenina en la fuerza laboral y, por consiguiente, la posibilidad de potenciar su crecimiento profesional.

Si bien se trata de un diagnóstico, acompañado de una recomendación deseable para cualquier nación, la realidad demuestra que solo el 40% de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exige iguales remuneraciones para hombres y mujeres, entre ellos los países nórdicos (Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia).

Si trasladamos el análisis a una perspectiva nacional, la tendencia persiste, según un estudio del INEC realizado en 2018, sobre la discriminación salarial por género en el sector formal en Ecuador.  A pesar de que no se aborda la discriminación con respecto a las barreras de entrada al mercado formal del trabajo, el estudio encontró que mientras los trabajos son mejores, hay más barreras de entrada para las mujeres, lo cual evidencia mayor discriminación.

Este panorama inequitativo para las mujeres se ha reproducido tradicionalmente en otros aspectos sociales, como en el acceso a derechos, afectando no solo a las mujeres, sino a toda persona por su condición de género.

Si bien la Constitución y las leyes deben garantizar el acceso de los ciudadanos a derechos sociales, como el trabajo, son los derechos humanos los que deberían primar ante cualquier otro derecho, como el derecho a no ser discriminado, el derecho a apoyar y abanderar la lucha por la equidad. Un hecho coyuntural y que marca un precedente para los derechos humanos es el ocurrido este 12 de junio, con la decisión de la Corte Constitucional al aprobar el matrimonio igualitario. (O)