Los hechos violentos al interior de los centros penitenciarios del país han puesto en evidencia la necesidad de declarar en emergencia al sistema.

El director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, Ernesto Pazmiño Granizo, en una nota de prensa del 14 de enero de 2019, reconoció y lamentó que no exista un sistema ni políticas de rehabilitación. Esto hace notar la necesidad de un tratamiento integral al sistema, para hacer de los centros lugares de rehabilitación y no de especialización delincuencial.

El sistema atraviesa por una crisis que se debe a la sobrepoblación carcelaria; bajos presupuestos para atender necesidades de infraestructura, logística y operación de cárceles; deficiencias en la formación y especialización del personal; y la escasa efectividad de los esquemas de seguridad.

Eso ha facilitado el ingreso de objetos prohibidos de toda índole: armas de fuego y armas blancas, y la realización de hechos violentos, como motines, riñas y asesinatos, originados por venganzas y disputas entre bandas que pugnan por el control de patios o pabellones y de las actividades ilícitas que allí se desarrollan.

La administración de los centros requiere de profesionales con formación científico-técnica, para lidiar con la parte más compleja del sistema de justicia criminal. Lamentablemente, en Ecuador no existen programas universitarios, a nivel de pregrado y posgrado, enfocados a ese tipo de administración.

Adicionalmente, es necesario mejorar la cantidad y calidad del personal, con una formación y especialización en protección penitenciaria y proporcionar condiciones mínimas de seguridad y laborales para un trabajo más efectivo.

Así mismo, es importante que se revisen las estructuras organizativas en el área de seguridad física y tecnológica y vigilancia interna y externa. De ser necesario, modificarlas para que permitan un mayor control de las zonas de riesgo, de los internos y actividades que realizan.

Un documento a tener en cuenta es el Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito de 2015. Allí se plantea una serie de medidas para administrar los centros penitenciarios de manera segura y con un enfoque preventivo. (O)