Cuando el 16 de abril pasado Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció las reformas del sistema de Seguridad Social, que ponían un impuesto del 5% a las pensiones jubilares, incrementaba los aportes de los trabajadores y de los empleadores, estableciendo menores pensiones para el futuro, el gobierno daba por hecho su aplicación y la incluyó en el diario oficial. La reforma se vendió como una medida necesaria para dar viabilidad a dicho sistema y superar el déficit acumulado en más de una década de abuso de sus recursos, como caja chica del régimen y en manejos poco transparentes. La embriaguez del poder total lleva a sobredimensionar sus capacidades. Nadie esperaba que los diversos sectores afectados (pensionistas, trabajadores y empresas de todo tamaño), reaccionaran inmediatamente y que sus protestas fueran catalizadas por los jóvenes universitarios que comprendían los efectos de tales medidas sobre amplios sectores de la población y pasen a demandar libertad y democracia. De hecho, golpear a los pensionistas, sector con menor capacidad de movilización, es una política de ajuste que se aplica hoy en todos los países en crisis. El autoritarismo y la violencia de la represión policial consiguiente, utilizando también fuerzas de choque sandinistas, ha provocado más de 30 muertos y cientos de detenidos, eso contribuyó a estimular la resistencia popular. Por supuesto, como en otros casos en la región, también están en marcha dinámicas de “golpe blando” y acciones propiciadas por opositores financiados y estimulados desde fuera, bajo perspectivas geopolíticas propias. Es indudable, sin embargo, que el rechazo popular y las acciones mencionadas están justificados por la acumulación del repudio que genera un uso abusivo del poder, marcado por una corrupción rampante, por la megalomanía de obras faraónicas y sin futuro, por manejos electorales artificiosos. El pueblo nicaragüense no tolera que se le mienta y que al amparo de una retórica equívocamente revolucionaria y mesiánica, caracterizada por acuerdos secretos con las élites empresariales, por la “privatización” de la ayuda venezolana, se prolongue un gobierno absoluto de Daniel Ortega y su esposa, que ya dura más de 11 años. Este es  otro de los caudillos estrafalarios que ha contribuido a enterrar por largo tiempo, la posibilidad histórica de avanzar en la transformación de la región, al amparo, en este caso de la traición del sandinismo. (O)