Cuando discutimos de política, no podemos ser ingenuos ni fanáticos. Desde luego habrá casos que merezcan una investigación judicial, pero no podemos desconocer el entramado de intereses que hay detrás de las acusaciones contra -no casualmente- grandes artífices de la unidad latinoamericana y de la justicia social, como Lula da Silva y como Cristina Fernández de Kirchner.  

Se trata de intereses económicos y geopolíticos poderosos que buscan inhabilitar, precisamente, a líderes con un amplio respaldo popular, capaces de volver a ganar elecciones y poner nuevamente en marcha procesos populares y progresistas en sus países y, con ello, con capacidad de volver a impulsar con fuerza y determinación el proceso de integración regional que hoy sufre amenazas desde varios frentes.

Un recurso para hacerlo es despolitizar el debate, reducirlo a una multitud de querellas judiciales, para desprestigiar a quienes han representado y van a seguir representando una opción soberana y popular frente a la hegemonía de las élites, el gran capital y el eje del Norte.

Recordemos que sin la actuación determinante de Lula, de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, no habría sido posible sepultar el ALCA, aquella iniciativa de ‘integración’ neocolonial que promovía el gobierno de Estados Unidos, en la cumbre de Mar del Plata, en 2005.

Cuando desde el Ecuador nos sumamos, con el liderazgo de Rafael Correa, a esa gran marea continental antineoliberal y latinoamericanista, nos convertimos también en objeto del ataque de ese entramado de intereses desplazados, un ataque concertado en el que los medios de comunicación hegemónicos asumen el lugar de oposición política de los procesos progresistas, allí donde esa oposición aparece fragmentada o debilitada, en un escenario en el que, en muchos de nuestros países, los aparatos judiciales operan también a partir de evidentes agendas políticas.

En ese escenario signado por la concentración mediática, la cooptación de los parlamentos por las élites y la instrumentalización política de la justicia, que consideramos las vías privilegiadas de la operación de un nuevo Plan Cóndor, nuestros proyectos políticos han enfrentado y enfrentan severas dificultades, agravadas por la coyuntura económica mundial compleja y difícil. No debemos buscar todas las explicaciones en el despliegue de este renovado plan de recolonización de nuestra América, pero no podemos desconocer esta dimensión de ‘revancha de las élites’ y políticas de realineamientos y subordinación a los intereses de la potencia tradicionalmente hegemónica.

¿Cómo no íbamos a ser objeto de ese ataque concertado de las grandes corporaciones económicas y mediáticas, si fuimos elegidos como parte de un proyecto de transformación radical de la sociedad, de sentido profundamente popular, hacia la equidad y la justicia social? Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a poderosos intereses.

No estamos aquí para conformar a todo el mundo, pero sí a las grandes mayorías.

La política implica tomar decisiones en un campo atravesado por el conflicto, conflicto de intereses: principalmente el que enfrenta a las grandes mayorías sociales con las pequeñas minorías de privilegio. Quien crea que se puede obrar desde el consenso absoluto, miente o se miente a sí mismo.

Nosotros tenemos claro de qué lado estamos: junto con las grandes mayorías y con la Patria Grande. Por eso condecoramos a Cristina Fernández de Kirchner, a la Presidenta que demostró un compromiso ético gigantesco impulsando una política de derechos humanos fundada en la memoria, la verdad y la justicia.  

Mientras algunos parecen extrañar el viejo Ecuador de los años más oscuros, el que condecoró a Augusto Pinochet, el general golpista que encabezó uno de los regímenes más criminales y fue instrumento clave del Plan Cóndor de la década del 70, nosotros, en cambio, homenajeamos a la mujer que, como Dilma Rousseff, perteneció a una generación política diezmada por ese mismo plan represivo, a la mujer que fue artífice fundamental de una Argentina y de una América Latina más libre, más justa y más soberana. (O)