El contexto…

El evento más importante de nuestro país en 2021 serán las Elecciones Generales. Más de 13 millones de personas, en el Ecuador y en el mundo, estamos habilitadas para sufragar y elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, cinco representantes ante el Parlamento Andino y 137 asambleístas, entre ellos, 15 nacionales, 116 provinciales y seis por el exterior; a más de ello, el cantón Cuenca votará en una consulta popular de cinco preguntas sobre la explotación minera metálica a gran escala.

Las Elecciones del próximo 7 de febrero serán en medio de la mayor crisis económica de la historia. La CEPAL proyectó que, en 2020, el PIB decrecerá 9%, para poder tener una mejor idea, en la crisis del 99, el PIB decreció poco menos de 5%. Según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, el 6.6% no trabaja, el 10.8% tiene un trabajo no remunerado, el 49.7% gana menos de USD 400 mensuales y apenas 32.1% tiene un empleo pleno. En este contexto, los principales problemas del país son la mala economía, el desempleo, la pandemia, la delincuencia y la corrupción. Una investigación cuantitativa del Instituto de Estudios Sociales y la Opinión Pública, Informe Confidencial, estima que el 92% piensa que el Ecuador está peor que el año pasado.

En estas Elecciones Generales están habilitadas a participar 22 organizaciones políticas nacionales y 68 movimientos políticos provinciales. Sin embargo, el gran ausente será Rafael Correa Delgado que, por primera vez desde 2006, estará fuera del país.

Un reto para todos será que el evento más importante de nuestro país en 2021 sucederá, también, en medio de la pandemia del COVID-19 que, según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento, reporta más de 200 mil casos y más de 14 mil fallecidos. A nivel internacional, Estados Unidos, Bolivia y Chile sufragaron en similares condiciones; seguramente, muchas buenas prácticas electorales podrán ser adaptadas a nuestra realidad. 

La legalidad…

La Constitución y el Código de la Democracia regulan los elementos del sistema electoral, la organización de la Función Electoral y las etapas de un proceso electoral. Desde que el Código de la Democracia entró en vigencia en 2009 cuenta ya con siete reformas parciales y algunos de sus artículos sufrieron una declaratoria de inconstitucionalidad en 2012.

La última reforma electoral del pasado 3 de febrero tiene elementos significativos para la construcción de un sistema electoral democrático: el cambio del método de adjudicación de escaños de D’Hondt a Webster para una mayor proporcionalidad entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños; y, el fin del voto entre listas para incentivar un sufragio con un mayor razonamiento ideológico. No obstante, la reforma dejó un tema aún pendiente: la eliminación de la artificial subdivisión de las circunscripciones electorales provinciales que es aplicada en Guayas, Pichincha y Manabí.

Bajo este conjunto de normas, la Función Electoral cambió. El viejo Tribunal Supremo Electoral que concentraba todas las competencias en este ámbito fue sustituido por una nueva arquitectura institucional: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como órgano de justicia especializado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) como órgano técnico administrativo responsable de la organización de procesos electorales; a su vez, el CNE está estructurado en las provincias a través de las delegaciones provinciales electorales como unidades de gestión permanentes y las juntas provinciales electorales como organismos colegiados temporales para la calificación de las candidaturas y el escrutinio de los votos.

Como resultado del Estado de derechos y justicia, las resoluciones de las juntas provinciales electorales puede ser objetadas ante sí o impugnadas ante el CNE y las decisiones del CNE pueden ser apeladas ante el TCE que resolverá en última instancia mediante sentencias de obligatorio e inmediato cumplimiento. El CNE y el TCE son autónomos y, en una democracia, no cabe que el órgano especializado de justicia ratifique todas las actuaciones del órgano técnico administrativo y tampoco es sano que el TCE revoque todas las resoluciones del CNE; por el contrario, tiene que primar la legalidad de las causas lejos de los intereses políticos.

El próximo 31 de diciembre iniciará una nueva etapa del proceso electoral: la campaña electoral. Para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los candidatos y el derecho a la información de los electores; previamente, tenemos que conocer los candidatos calificados y sus planes de trabajo, el CNE informó que existen 16 binomios para presidente y vicepresidente de la República, 17 listas para asambleístas nacionales y 15 listas para representantes ante el Parlamento Andino y, lastimosamente, una lista aún pendiente de sentencia por parte del TCE. Hasta el momento de la redacción de este análisis, aparentemente, la candidatura de Álvaro Noboa que, en algunas encuestas, lideraría la intención de voto, estaría descartada.

Antes de la inscripción de candidaturas, también, las organizaciones políticas tenían la obligación realizar sus procesos de democracia interna ya sean elecciones primarias abiertas o cerradas; o, elecciones representativas a través de sus directivas y la obligación de registrar las alianzas electorales. En estas Elecciones Generales habrá tres alianzas electorales nacionales, la Unión por la Esperanza entre los movimientos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social; la Alianza por la Honestidad entre el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Concertación; y, la alianza entre el Partido Socialcristiano y el Movimiento CREO, Creando Oportunidades.

La realidad…

Las organizaciones políticas son los actores básicos del sistema político y constituyen el elemento que refleja la diversidad y el pluralismo de la sociedad. Sin embargo, nuestro sistema de partidos y movimientos políticos está en crisis; según el Proyecto de Opinión Pública América Latina, versión Ecuador 2019, solo el 32.4% confía en las organizaciones políticas y 49.6% confía en las elecciones siendo la cifra más baja en los últimos 15 años desde que existen este tipo de estimaciones.

Una de las causas de la crisis del sistema de organizaciones políticas fue la intención de exterminar las estructuras ideológicas y abrir la participación política a los llamados independientes; en ese intento, León Febres Cordero fracasó en el 86 pero Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik Garzozi triunfaron en el 94. Con el tiempo, la reforma supuso el fin de los partidos políticos con una clara definición ideológica y programa de gobierno como el Partido Conservador, el Partido Liberal o la Democracia Popular-Unión Demócrata Cristina reemplazados por estructuras clientelares, carentes de principios, entorno a los intereses de sus dueños; así, entre las 22 organizaciones políticas nacionales, convergen los movimientos del ex Fiscal General del Estado, del ex prefecto del Azuay o de los sindicados Pamela Martínez o Daniel Mendoza. A las 90 organizaciones políticas que participan en estas Elecciones Generales suman 173 movimientos cantonales y 23 parroquiales totalizando nada mas y menos que 286 organizaciones políticas.

A más de las particularidades de estas Elecciones Generales, tres cuestiones más han llamado nuestra atención:

• La Contraloría General del Estado concluyó que cuatro organizaciones políticas no cumplieron con los requisitos para su inscripción y recomendó que el CNE elimine su personería jurídica. El TCE rechazó la resolución del CNE de extinción de los cuatro partidos y movimientos políticos basándose en que la norma establece todas las causales para la eliminación de la personería jurídica pero en ningún caso por recomendación del organismo técnico encargado de control de la consecución de los objetivos de las instituciones públicas.

• El ex presidente Abdalá Bucaram está siendo procesado por varios presuntos casos de corrupción en relación a la compra de medicinas en hospitales públicos; en atención a su vulnerabilidad por ser adulto mayor, los jueces sustituyeron la prisión preventiva por el uso del grillete electrónico. En esas condiciones, luego de cumplir con el proceso de democracia interna, Fuerza EC inscribió su candidatura liderando la lista de asambleístas nacionales. La norma solo limita la participación cuando haya sentencia condenatoria ejecutoriada.

• Después de cumplir con el proceso de democracia interna, el Movimiento Unión Ecuatoriana inscribió a Giovanny Andrade como candidato a la presidencia de la República. Días más tarde, ese mismo movimiento político emitió un comunicado retirando el apoyo a su candidato por falta de probidad notaria por alterar su hoja de vida y plagiar su plan de trabajo y otras señales claras de deshonestidad. La norma prevé que, una vez que las candidaturas hayan sido inscritas y calificadas, son irrenunciables y no pueden retirarse.

Sobre estas realidades surgen varias preguntas:

• ¿una organización política que no cumplió con sus requisitos para la inscripción en el CNE, aún no siendo causal de extinción de su personería jurídica, puede seguir participando de las elecciones que son el evento más importante de una democracia?

• ¿una persona involucrada en delitos que afectan gravemente a la sociedad, aún no habiendo sentencia condenatoria ejecutoriada, puede ser merecedor de ser nombrado como candidato y luego electo como miembro de una de las más importantes funciones del Estado?

• ¿cómo una organización política que tiene que ser el vinculo entre la sociedad y el Estado; y, tiene la obligación de formar políticamente a la ciudadana puede inscribir un candidato que, a los pocos días, está denunciando por su falta de probidad notoria y deshonestidad?

La respuesta a estas tan solo tres interrogantes son el reflejo de nuestra sociedad. Pese a la existencia de 16 binomios para presidente y vicepresidente de la República; y, los 90 partidos y movimientos políticos que participan en el proceso electoral, las Elecciones Generales de 2021 en el contexto de la mayor crisis económica, la decadencia del sistema de organizaciones políticas, la emergencia sanitaria; y, el auge del desempleo y la delincuencia pueden ser nuestro punto de inflexión. Por suerte, también, en medio de todo surgen cada vez más iniciativas cívicas que son una apuesta a recuperar nuestros valores éticos, una de ellas, la Comisión Nacional Anticorrupción que surgió desde el Frente Unitario de los Trabajadores; u, otra de ellas, la campaña ¨Honestidad Criolla¨ propuesta por la Cámara de Comercio de Quito. Aún tenemos esperanza.