En Ecuador se ha tratado, desde hace años, de identificar las empresas fantasmas.

Sin embargo, los controles se han realizado solo con base a la transaccionabilidad y ha sido el Servicio de Rentas Internas (SRI) el que ha abanderado esta lucha, debido a que se usaron empresas fantasmas para disminuir utilidades y, por tanto, crear gastos inexistentes en empresas rentables.

En el caso de “El Chapo” Guzmán, se dejó de manifiesto el deseo de constituir empresas que puedan licuar o lavar sus ingresos, con el objetivo o fin de legalizar los mismos en el país, detrás de una figura lícita.

En los últimos años los controles se han incrementado, pero han sido expost y solo se han efectuado una vez que se han realizado ya las transacciones.
Los controles deberían ir más allá, ya que una empresa se puede identificar en un control previo por el ente regulador.

Al momento de constituir una compañía, uno de los socios o accionistas debe determinar una dirección donde funcionará la futura sociedad.

Lo óptimo sería que se verifique, previo a la constitución, que en efecto en el lugar que se determina en el RUC o domicilio se esté desarrollando la actividad económica.

En el caso de empresas extranjeras, desde que ingresa el dinero debería obligarse a hacer el registro en el Banco Central del Ecuador para evidenciar el origen lícito de los fondos. Esto, con el fin de determinar que en efecto se están realizando actividades económicas y no sea considerada una empresa de papel desde el inicio de sus actividades.

En la actualidad, las compañías fantasmas han sido usadas para cometer no solos delitos de defraudación tributaria, sino para cometer delitos de índole económica: lavado de activos, testaferrismo, entre otros, para los cuales se determina personas (normalmente de escasos recursos económicos) para que suscriban la titularidad de acciones o participaciones a nombre de otras personas.

En este tipo de casos, lo que los ejecutores del delito buscan es un negocio rentable en donde los gastos puedan ser licuados con sus ingresos ilícitos, con el fin de pagar impuestos, ya que en aquel momento esas rentas o utilidades serán consideradas legales por los entes de control.

A nivel internacional hemos salido mal parados con las delaciones que ocurrieron en el juicio de “El Chapo”, dado que se ha citado al Ecuador para varias actividades como transporte, intermediación y en el caso concreto la adquisición de negocios rentables, donde el capo pueda invertir sus ganancias ilícitas.

Esto disminuye la credibilidad y la confianza en la seguridad jurídica del país, que no solo debe garantizar el respeto de derechos sino para que las personas que intentan realizar negocios lícitos tengan la certeza de que sus competidores pasen por los mismos filtros legales que ellos tuvieron que pasar. (O)