Salvar la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, por sus nexos con la empresa brasileña Odebrecht, a cambio del indulto a Alberto Fujimori, mediante un pacto político previo, generó un rechazo multitudinario en Perú. Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por autoría mediata en delitos de lesa humanidad y por transferir fondos a su asesor Montesinos, con los cuales se compró a magistrados, periodistas, congresistas y líneas editoriales de medios de comunicación, lo cual es inaceptable. No obstante, quienes apoyan a Fujimori le atribuyen la erradicación del terrorismo y el restablecimiento de la economía, en una época en la que había hiperinflación y salir a las calles equivalía a ser víctima de un atentado terrorista.

El indulto se concedió cuando Fujimori cumplía 12 años de su condena. Por eso, el indulto ha dividido Perú, pero tampoco deja de ser una falta de respeto a los familiares de las víctimas de los crímenes ocurridos durante el régimen fujimorista, a quienes el Gobierno peruano no ha escuchado, salvo por un reciente comunicado que precisa el desembolso de alrededor de $ 10 millones para los deudos.

Pese a que Alberto Fujimori hizo una autocrítica, al pedir por primera vez perdón a los compatriotas que se han sentido defraudados durante su gobierno, aún falta un largo recorrido en el camino de la reconciliación.

Por si fuera poco, hace poco llegó a Perú el audio con la declaración de Marcelo Odebrecht a la fiscalía, en el que afirma haber apoyado a Kuczynski, Toledo, Alan García, Humala y Keiko Fujimori.

El gobierno de Kuczynski perdió credibilidad y el apoyo del antifujimorismo. Solo seguirá en el poder con el apoyo de los fujimoristas en tanto les sea útil a ellos.

El ansia de poder denota un escaso compromiso por la democracia. La corrupción les hizo mucho a daño a los países de la región y a sus instituciones. Ya es hora que como ciudadanos aprendamos a elegir mejor a quienes nos representan. (O)et