El hallazgo de grandes reservas petrolíferas en la región amazónica, en 1969, originó un giro productivo en la década del setenta, lo que atrajo considerables rentas para nuestro país. El verdadero “boom petrolero” se dio entre los años 1972-1975. En este breve lapso, el PIB se incrementó al 8%, en 1972, 18% en 1973 y 16% en 1974.

El proceso de industrialización se incrementó a partir de 1972 con las exportaciones petroleras. Ya para inicios de los años 70, cuando se produce el declive del modelo económico agroexportador, el Estado ecuatoriano apostó por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El Estado usó los recursos del petróleo para financiar la industrialización. Es decir, entre 1950-1970, el sector primario se descapitalizó para financiar la industrialización, lo cual generó un equilibrio intersectorial.

Este proceso generó un acelerado consumismo urbano que desde entonces, hasta hoy, ha ido desestructurando la economía porque el elevado consumo interno ha demandado un mayor número de productos importados. Se crearon nuevos bancos y cooperativas de préstamos, hubo circulación de dinero y se sintió una etapa de bonanza económica que no obstante fue pasajera, ya que el grueso de las rentas petroleras se consignó al pago de la deuda externa.

El país se endeudó para mantener las brechas fiscales ya que los recursos petroleros fueron prácticamente destinados al consumo de las capas altas y medias, aumentando de esta forma la masa de desocupados que migraron a las grandes ciudades, lo cual, paradójicamente, produjo el mayor índice de pobreza hasta entonces conocido.

En lo político se ensayó un régimen “nacionalista revolucionario” de carácter reformista. El liderazgo lo tomó un militar, Guillermo Rodríguez Lara, quien fue funcionario de Velasco Ibarra y participó en el golpe de Estado que lo derrocó en 1972.

Las medidas más importantes de Rodríguez Lara fueron la intervención en empresas transnacionales petroleras, incremento de las líneas estatales de crédito, limitación a las importaciones, profundización de la reforma agraria y emprendimiento de un importante plan de vivienda social que abarcó, no solo a las principales urbes (Quito y Guayaquil), sino ciudades intermedias, tanto del litoral como del interior. Presionado por una grave crisis fiscal, un cónclave de altos dirigentes militares determinó su salida y se formó un triunvirato liderado por las cabezas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

En esta década, la implementación de la Segunda Reforma Universitaria se orientó al libre ingreso de los estudiantes para asegurar la vigencia de la “universidad del pueblo”, lo que ocasionó altos índices de matriculación en todas las carreras. Sin embargo, la “universidad de puertas abiertas” no garantizó la continuidad de los estudios y se presentó una elevada deserción, así como un descenso considerable en la calidad educativa.

El panorama aquí descrito no fue obstáculo para que algunos proyectos experimentales salidos de la universidad pública se conviertan en interesantes experiencias de autogestión estudiantil. No obstante, estudiosos del movimiento estudiantil ecuatoriano coinciden en que los contenidos revolucionarios de la Segunda Reforma Universitaria no pudieron ser aplicados, “salvo la introducción en el pensum de todas las escuelas de varias materias de contenido humanístico y social”, en palabras del escritor y sociólogo Alejandro Moreano. Y una de las razones fue la pérdida del rumbo inicial, por las veleidades que se mostraron cuando la FEUE obtuvo cuotas de poder y se implantó lo que el propio Manuel Agustín Aguirre llamó la “dictadura del estudiante”. “El peligro –apuntaba el ideólogo socialista lojano- está en el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo, que petrifica y mata el pensamiento”, lo que extravió las intenciones democráticas del proyecto.

Por el contrario, una de las consecuencias de ese dogmatismo fue la manipulación del estudiantado y hasta el chantaje, tanto a profesores como autoridades, en nombre de las pretendidas “demandas estudiantiles”. Como dice Alejandro Moreano, la degradación y banalización de las “demandas” llegó al colmo de “impulsar huelgas para suprimir la exigencia de la presentación de tesis para la graduación”. Lo que contó fue la repartición de puestos y obtención de ventajas a través del “palanqueo”, así como otras típicas maniobras del viejo clientelismo político. (O)