La emergencia económica provocada por la pandemia del co-vid-19, es un tema muy sensible, puesto que la crisis sanitaria afectó a todas las naciones, tanto de economías desarrolladas, como en vías de desarrollo. Ecuador no fue ajeno a este impacto, por el contrario, nuestra economía se vio afectada inclusive en mayor medida que muchos países de la región.  (PIB Real Acumulado hasta el tercer trimestre, años 2020 y 2019, $49,918,309 y $54,055,169 respectivamente, disminución en 7,65%).

La poca actividad comercial, incidió en varios sectores, reduciendo los ingresos de las empresas, forzando a liquidaciones totales, despidos y restructuraciones de salarios tanto en el sector público como privado. De esto último mencionado, podemos citar el sector del Comercio y Turismo, los cuales experimentaron una reducción de su PIB en 8,68% y 11,63% respectivamente.

Con un Estado sin reservas, el panorama lució complejo para la economía ecuatoriana en el 2020. Es por ello que el Estado se debería reorganizar, redimensionándose no solo en tamaño sino también en funciones, definiéndose como regulador, y abarcando estrictamente las áreas de Salud, Educación y Seguridad, y delegando la recuperación económica del país al sector productivo.

Aunque pueden sean duras, hay que tomar medidas que son necesarias, tal es el caso de los subsidios, mismos que pueden ser beneficiosos para los sectores vulnerables, siempre y cuando éstos sean bien estructurados como el “Subsidio de Desarrollo Humano” y focalizados a la actividad, mas no al precio como ha sido el caso del “Subsidio a la Gasolina”.

Sin embargo, dentro de este escenario económico, es muy destacable la renegociación de la deuda que realizó el gobierno ecuatoriano en el 2020, la cual permitirá entre varios puntos, la reducción de capital de la deuda de $1500 millones de dólares, disminución de la tasa de los bonos del 9,5% al 5,3%, ampliación de madurez de los nuevos bonos de 6.1 años a 12.7 años. La estrategia es clara, reducir las obligaciones financieras anuales, para incrementar la liquidez del gobierno.

Esta crisis deja en evidencia que el gobierno ecuatoriano debe potencializar verdaderamente sus industrias y fomentar la inversión extranjera, instaurando reglas claras que inviten a multinacionales a establecer sus actividades en el país, creando así nuevas fuentes de trabajo, que generen intercambio comercial y de esta manera contribuir a una reactivación económica sostenible y menos dependiente de la intervención estatal.