La reforma política, una necesidad urgente, encontró finalmente una oportunidad. Es innegable que la palabra “diálogo” está desgastada. Por ello, es mejor hablar de cocreación, con enfoque en tres ejes: reforma electoral, poderes del Estado y lucha anticorrupción.

La reforma electoral es quizá la más urgente, no por ser más importante que las otras, sino por tiempo. Cualquier cambio, de cara a las presidenciales de 2021, debe estar aprobado hasta enero del próximo año.

La propuesta que está en la Asamblea para segundo debate resulta insuficiente y hasta inútil. Se debe incorporar, por lo menos, reformas sobre transparencia en el financiamiento electoral, el fondo partidario y el fondo de promoción electoral, el sistema de adherentes y afiliados, simplificación de criterios de cancelación de organizaciones políticas, mejor representatividad, validez de voto blanco y nulo, y obligatoriedad de debatir.

Institucionalizar pasa por evaluar la pertinencia de mantener 5 funciones del Estado, en especial las 2 creadas en la Constitución de 2008 (Electoral y de Transparencia), así como la existencia y atribuciones del Consejo de Participación.

El país demanda cambio en los procesos de designación de autoridades de control, para que nunca más sean botín político. Instituciones sólidas son la mejor vía para fortalecer el Estado de derecho. (O)

Mauricio Alarcón Salvador, director Fundación Ciudadanía