El análisis de hoy busca transmitir que la prevención es mejor que la remediación, esto, en el análisis de las políticas adoptadas por el Estado ecuatoriano en el marco de la lucha contra el consumo de drogas en nuestra ciudadanía.

El creciente consumo de drogas en el Ecuador, sin duda ha lesionado los cimientos de nuestra sociedad, incluyendo en ellas a nuestras familias, hermanos, hijos, nietos y amigos, quienes vemos desdibujado su porvenir por la ingesta de estos peligrosos estupefacientes.

Por esta razón, además de la penalización establecida en las leyes pertinentes sobre la producción, tráfico, distribución y consumo de drogas, el Estado ecuatoriano, por medio de su Secretaría Técnica de Drogas ha establecido en conjunto con el Ministerio de Trabajo un programa de sumo interés, al que auguramos los mejores resultados en la prevención y erradicación del consumo entre nuestro pueblo.

Este programa destaca como eje fundamental, la importancia de que los trabajadores cumplan sus actividades de manera segura y en un adecuado estado de salud, centrando el accionar del programa en acciones preventivas, educativas y participativas para implementar hábitos y estilos de vida saludables, a fin de reducir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los espacios laborales.

En nuestro país, la política pública de drogas está considerada de interés nacional, de allí la decisión del Estado por intermedio de sus distintas instituciones de asumir la responsabilidad de liderar planes, programas y proyectos que buscan abordar de forma conjunta el fenómeno socioeconómico de las drogas, imponiéndose como finalidad, reducir su oferta y demanda, articulando desde mi criterio, la debida “Prevención Integral”, estructurada en el conjunto de instituciones, programas y proyectos relacionados con la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas consumidoras de drogas.

Este conjunto de programas, se ampara, además de otras disposiciones, de manera especial en el artículo 359 de la Constitución de la República, que de forma coherente articula responsabilidades y obligaciones entre todas las instituciones públicas, comprometiendo la creación de los programas necesarios, así como los recursos y debidas acciones que garanticen la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles, fomentando la participación de nuestro pueblo.

Indiscutiblemente nos encontramos frente a medidas plausibles del esfuerzo de la administración pública en la protección de nuestros ciudadanos, buscando de forma articulada la Justicia Social, anhelo de todas y todos.

¡Juntos somos invencibles! (O)