El objetivo es cada vez más claro: detrás de las intenciones de los gobiernos de Paraguay y Brasil de que Venezuela no asuma la presidencia pro témpore del Mercosur hay mucho más que un posicionamiento sobre la situación interna del país caribeño. La finalidad del tándem de cancilleres Loizaga-Serra sobrepasa con creces a Maduro, más allá de efectivamente que busquen su salida durante el año en curso: el realineamiento conservador intenta además congelar el funcionamiento cotidiano de esta instancia regional que, con origen estrictamente comercial en la década del 90, se movió a un accionar político -y con conducciones posneoliberales- a raíz de la última década y media regional.

Fue muy claro sobre el tema el vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular, espacio de José Mujica dentro del Frente Amplio, quien dijo que al no haber alteración del orden democrático en la Venezuela bolivariana cualquier otra intepretación sobre los sucesos en aquel país podía abrir paso a una “flexibilidad” en torno al funcionamiento de las democracias de la región. Caggiani hace alusión a la irregular situación en Brasil en torno al impeachment contra Dilma Rousseff, luego de que los peritos del Senado determinaran que no hay crimen de responsabilidad en torno al accionar de la mandataria suspendida. También a la reciente condena a los campesinos por los hechos de Curuguaty en Paraguay, lo que provocó que diversas organizaciones de DDHH pusieran el grito en el cielo ante lo que consideran la consumación de nuevos “presos políticos” en el país, hecho que practicamente pasó inadvertido en la prensa regional. Y, por supuesto, Caggiani también refiere en ese sentido a la arbitraria detención de su compañera de bancada por la Argentina, la dirigente social Milagro Sala, en una causa que cambia de carátula permanentemente, demostrando que la única finalidad es que siga detenida y no la búsqueda de justicia.

El objetivo de fondo para dinamitar el Mercosur es uno sólo: esta instancia es hoy la barrera principal para que Brasil y Paraguay giren hacia el Pacífico. Sin el Mercosur, o con esta instancia en agonía, será mucho más fácil justificar el abrupto giro hacia el arco de países que han firmado el Acuerdo Transpacífico (TPP). Argentina fue pionera en esta estrategia: ya se integró como observadora de la Alianza del Pacífico, llenando de elogios a esta instancia en todas las entrevistas y discursos donde esto sea posible. Los recientes viajes de Macri a Chile y Perú, y la efusiva recepción a Peña Nieto -“esta es tu casa” refirió el presidente al cuestionado mandatario esta semana en la Casa Rosada- ilustran con creces que la cancillería de Malcorra busca esa nueva orientación. Pero Argentina se topa con la misma barrera: para ingresar a la AP/TPP debería implosionar el Mercosur, bajo la figura de “flexibilizarlo”, y luego firmar al menos dos TLC para buscar ser miembro pleno.

Cuando los gobiernos de izquierda, nacional-populares y progresistas tuvieron una nítida hegemonía en la conducción de las instancias de integración fueron cuidadosos por el equilibrio de fuerzas a nivel regional. A pesar de los berrinches de cierta prensa hegemónica, estos gobiernos no abusaron de esta condición para confrontar a otros modelos: el conservador Sebastián Piñera, que organizó la cumbre de la CELAC en Chile luego de la realizada en Venezuela por Hugo Chávez y antes de la conducida por Raúl Castro en Cuba, puede dar cuenta de ello. Había una “unidad en la diversidad”, que no solo era un discurso sino que se verificaba en la práctica. Pero los recién llegados Cartes, Macri y Temer comenzaron a cambiar esas reglas. Asistimos, entonces, a una especie de “empate catastrófico” entre ambos bloques (posneoliberal y conservador) que pone en riesgo severo el funcionamiento cotidiano no sólo del Mercosur: también de Unasur y CELAC.

De acuerdo con esta perspectiva, estas nuevas administraciones van por todas las instancias que intentaron (y aún lo hacen, a pesar del pantano temporal) un ordenamiento autónomo de nuestras sociedades, sin injerencia del hegemón de turno. La búsqueda de dinamitar el Mercosur es sólo un primer paso en ese objetivo: realizar una reconfiguración conservadora no solo al interior de nuestras sociedades, sino también en torno a los procesos de unidad que América Latina y el Caribe se ha dado en los últimos quince años. El “no hay alternativa” que se aduce fronteras adentro, buscando reimplantar el neoliberalismo a gran escala, también intenta ser el mensaje en relación a la política exterior: el viraje hacia la AP/TPP sería la única opción posible ante la proliferación global de acuerdos de “libre comercio”. Se aduce no quedar afuera del mundo. Como la historia demostró -y probablemente seguirá demostrando- es un argumento falaz, que busca desterrar creativas experiencias para retornar al “status quo” de una integración monitoreada (y capitaneada) desde el norte, con asimetrías que tienen gran impacto posterior fronteras adentro, y que nos han conducido a las crisis económicas y políticas más grandes de la historia de nuestro continente.