En la madrugada del pasado 26 de agosto, en la localidad de Panduro, fue encontrado asesinado a golpes, y con claros signos de tortura, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, quien dirigía en terreno los intentos de entablar un diálogo con los ‘cooperativistas’ mineros, que se encuentran en disputa con el Gobierno. La escalada de violencia también se cobró la vida de dos mineros, aunque sin estar claras las situaciones de su muerte, según datos oficiales.

El inicio del conflicto se remonta al pasado 10 de agosto, cuando 4.000 personas ligadas a las cooperativas mineras se movilizaron bloqueando carreteras en contra de la modificación soberana de la Ley Minera que hiciera el gobierno de Evo Morales, prohibiendo que las empresas privadas puedan invertir en las concesiones, para superar las leyes del siglo XX que permitían la explotación de los yacimientos mineros por cualquier particular, incluso extranjero.

De acuerdo a un documento realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que data de 2008, al interior de las cooperativas existen importantes estratificaciones sociales y económicas. Los socios son aquellos que cuentan con un mayor poder de decisión y de beneficios y que, muchas veces, subcontratan trabajadores para explotar las minas, haciendo que las cooperativas operen bajo una lógica empresarial con ánimo de lucro y explotación laboral.

La Ley Minera, sancionada en 2014, otorgó al Estado boliviano mayor control sobre los recursos mineros, especialmente a través del fortalecimiento de la histórica Corporación Minera de Bolivia (Comibol), como único agente habilitado para cerrar acuerdos con el capital privado sobre la explotación de yacimientos. Posteriormente se negoció con los cooperativistas la inclusión de las empresas mixtas entre estos y el Estado para suscribir ese tipo de acuerdos, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, la normativa regulatoria nunca fue del todo aceptada por ellos.

En concreto, una de las demandas más significativas de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) es la que promueve la modificación de los artículos 132 y 151 de la Ley Minera. El primer artículo alude a la obligatoriedad de que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que apruebe, o no, los contratos mineros; el segundo prohíbe a las cooperativas mineras suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean estas de capital boliviano o extranjero. Según lo registrado en el Ministerio de Minería y Metalurgia, actualmente son 31 las empresas privadas que tienen contratos de arrendamiento y de riesgo compartido con las cooperativas mineras bolivianas. Dos de estos contratos tienen vigencia indefinida, otros dos por 35 años, seis por 25, ocho por 20 y los restantes por menos de 10 años.

Todos los acuerdos fueron firmados antes de la sanción de la nueva normativa, aunque, según los cooperativistas, dejaron de tener vigencia con la nueva ley. Los socios principales de cooperativas individuales fueron en los últimos años: Mining Development Company, Manquiri SRL, Compañía Minera del Sur, ASC Filial Bolivia, American International Trading Incorporated-AITC Inc. e Inti Raymi. Desde el Gobierno sostienen que, de hacer lugar a los reclamos, Bolivia retornaría a la privatización de sus recursos mineros, como en los años del ‘gonismo’ -considerando que la ley bajo la que se ampararon sus contratos, la 1777 de 1997, fue parte del Código de Minería sancionado por Sánchez de Lozada-.

Los cooperativistas también se oponen a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que establece el derecho a la sindicalización minera de los trabajadores de las cooperativas, en tanto argumentan que “desnaturaliza las cooperativas” y busca dividirlos. Por el contrario, desde el Gobierno afirman que la modificación de la ley no afecta a las cooperativas mineras, sino que ratifica la legalidad de los sindicatos que ya existen en las empresas de servicios, así como abre la posibilidad de que asociados con dependencia laboral en las cooperativas de servicios tengan derecho a la sindicalización.

Las cooperativas mineras en Bolivia tienen un importante peso laboral. Sin embargo, detrás de su velo se esconden poderosos ‘gamonales’ que vulneran los derechos laborales de los mineros. Esto hace que muchos trabajadores de las cooperativas no dispongan de un salario estable, un seguro de salud o beneficios que les corresponden, como vacaciones, aguinaldo y aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP).

En este estrato inferior se encuentran miles de trabajadores no asociados, cuyas pagas son paupérrimas y las relaciones laborales a las que son sometidos son informales y precarias. Al respecto, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que nuclea a los mineros asalariados del Estado Plurinacional de Bolivia, afirmó: “Ellos dicen que son más de 150.000 cooperativistas, pero cuando revisamos la lista de los que tienen seguro de salud, solo 3.000 reciben atención en la Caja Nacional de Salud, eso muestra cómo la gran mayoría de los trabajadores no tiene acceso a la salud y esa es otra violación de sus derechos”.

Según el documento, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas de Bolivia (Udape), publicado en 2015, se indica que entre 1990 y 2013 el promedio anual de las exportaciones mineras fue del 32,9%, pasando de $ 407 en 1990 a $ 3.083 millones en 2013. El mercado extranjero, especialmente Asia, Estados Unidos, México e Inglaterra, es esencial para esta industria, vendiéndose el material en bruto sin valor agregado. En este sentido, la minería tiene un gran peso en la producción boliviana, y dentro del ámbito minero los cooperativistas constituyen un sector privilegiado que cuenta con ventajas en el pago de impuestos, concesiones estatales para explotar mineral sin licitación.

Además, en la correlación de fuerzas políticas cuentan con siete legisladores, entre diputados y senadores. Los privilegios que reclaman, como la posibilidad de asociarse con las grandes empresas mineras transnacionales, entra en conflicto con los postulados del gobierno de Evo Morales, quien afirma que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y no a las corporaciones que intentan imponer su agenda. (O)