La residencia es un aspecto importante en la tributación de una persona, principalmente en el Impuesto a la Renta (IR), ya que determina el lugar donde el individuo debe cumplir sus obligaciones.
Ecuador, en 2014, modificó los criterios de residencia, en procura de evitar de alguna manera que contribuyentes, grandes empresarios con importantes recursos cambien su residencia a países de menor imposición (paraísos fiscales); de tal forma que si una persona se va del país, seguirá pagando sus impuestos en Ecuador, si se verifica que el “núcleo de actividades” es Ecuador; y se mantendrá la calidad de residente y deberá seguir pagando impuestos en el país hasta cuatro años después de cambiar su residencia.

Este mecanismo para escapar del sistema tributario de un país a otro con una tributación más laxa, es una preocupación en los países de la OCDE, que se ven privados de gravar las rentas que sus contribuyentes hayan generado pero no realizado, por ejemplo la plusvalía de unas acciones. Lo mismo ocurre cuando los contribuyentes trasladan activos (sin venderlos) fuera de un país que incorporan unos beneficios no realizados.

Actualmente los países analizan la posibilidad de generar un impuesto a la salida, cuando se trasladan activos que incorporan una plusvalía no realizada a efectos del IR (marcas, know how, productos financieros), sin un cambio de propiedad, a otra jurisdicción tributariamente más favorable para evitar el pago del IR; sin afectar las garantías fundamentales sobre el derecho de propiedad y la libertad de disposición.

Andorra, por ejemplo, es un país muy apreciado para cambios de residencia. No exige tributo alguno a sus residentes fiscales. Es un país muy cotizado principalmente para deportistas de élite; eso si, se debe disponer de una vivienda propia o alquilada, vivir allí seis meses al año y acreditar ingresos suficientes para vivir sin ejercer actividades laborales o profesionales y contratar un seguro de salud. No ha sido sino hasta el año anterior que este país pudo mantener secreto bancario consagrado a nivel constitucional, debido a la presión internacional bajo la fama de sus bancos de no ser muy profesionales a comparación de otros centros financieros.

Algunas tramas de corrupción en Ecuador, al parecer se llevaron a cabo utilizando el sistema bancario andorrano. (O)