Es de conocimiento público que la trama Odebrecht se extiende a funcionarios y exfuncionarios públicos, algunos de los cuales han proporcionado información, y Ecuador no está exento de aquello, pues la compañía tenía como política dar coimas para la obtención de contratos.

Dentro de ese proceso de entrega de información, que se llama delación, aparece el nombre del exsecretario jurídico Alexis Mera, por lo tanto, es correcto que la Fiscalía General del Estado -con el solo conocimiento por medio de redes sociales o de medios de comunicación de que pudiera existir la comisión de un delito- abra de oficio una investigación y que dentro de la misma solicite asistencia penal internacional, para que le remitan, con todas las formalidades de ley, las delaciones. Si es por escrito, hacerla traducir y apostillarla para su verificación.

En el proceso de investigación pueden surgir elementos adicionales que permitirán determinar la posible existencia de otros delitos, como coimas, posiblemente concusión o cohecho; eso implica que la obra pudo haber sido más cara y ahí tendríamos un posible peculado. Si se recibió un dinero y no ha sido declarado se configuraría un delito tributario.

A eso se suma que si es funcionario público, habría enriquecimiento ilícito, lavado de activos, es decir, al menos tres o cuatro delitos adicionales que pudieran aparecer a lo largo del proceso de investigación. Por lo pronto, es bueno que se investigue la conducta del exsecretario jurídico.

El escenario para Alexis Mera es, primero, enfrentar una investigación previa, de verificarse eso, una posible instrucción fiscal, tal vez medidas cautelares como la prisión preventiva o mínimo una prohibición de salida del país, más aún, si sabemos que estos exfuncionarios, por lo general escapan antes de que los procesen.

Otro posible escenario es que abra el abanico y se lo comience a investigar por otros delitos conexos, como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión tributaria, etc..

Creo que Mera, si no cometió infracción, debería presentarse en la Fiscalía sin que esta lo notifique, dar su versión y hacer todos los descargos, sea para desmentir la existencia de estos pagos o justificar la existencia de los pagos, lo cual es complicado, porque como funcionario público él no podía ejercer libremente la profesión, es decir, no podría hacer ningún cobro y, si lo hacía, estaba obligado, entre otras cosas, a reportar eso al Estado para tributar.

El escenario político cambia al considerar que alguien muy cercano al expresidente Rafael Correa, ya no uno, sino dos, (Jorge Glas) está relacionado con coimas de Odebrecht. La pregunta es ¿qué probabilidades hay de que el expresidente no haya sabido considerando que sus dos hombres de más confianza no solo lo sabían, sino que presuntamente recibían coimas, ya que el exvicepresidente manejaba los Sectores Estratégicos, y el exasesor jurídico daba el visto bueno para que el Presidente avale contratos. (O)