Como parte de las propuestas de campaña, tres de los postulantes a la Presidencia han señalado que impulsarán reformas legales para acabar, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado por la Constitución de impulsar los concursos públicos de oposición  y méritos a los que han sido sometidos todas las autoridades de control en funciones como el Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Contralor y los superintendentes.

Sin embargo estas propuestas de enmiendas serían inconstitucionales, mientras que otras resultan inviables, lo cual -a decir de expertos- demostraría que fueron armadas para provocar un efecto de impresión entre la ciudadanía y promover votos a su favor.

La propuesta del banquero

Guillermo Lasso (CREO) dijo que, en caso de ser electo, en la primera semana de su Gobierno, acorde al artículo 104 de la Constitución, “llamaremos a consulta popular para que los ciudadanos decidan si ratifican o rectifican el paquete de enmiendas ilegítimamente aprobados en la Asamblea, de espaldas al pueblo, en diciembre de 2015, donde principalmente se dio paso a la reelección indefinida de dignidades de elección popular”.

Preguntará si los ciudadanos están de acuerdo con  destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura, los superintendentes como el de Comunicación y el de Control de Mercado. “Haremos un régimen transitorio para el nombramiento de nuevas autoridades de control que nazca de los ciudadanos, no de la alcahuetería del Consejo de Participación Ciudadana”. Luego propondrá un referéndum para reformar la Constitución y así “desaparecer al CPCCS, fortalecer la institucionalidad de organismos de control y tener justicia independiente”.

Moncayo no se queda atrás

Este mismo criterio comparte Paco Moncayo, candidato presidencial por la Izquierda Democrática y Acuerdo Nacional por el Cambio. Dijo que, supuestamente, “los sistemas de control están cooptados por el poder, la fiscalización ha sido anulada, el control de la sociedad  se ha convertido en función del Estado, creando una ignominiosa función de participación ciudadana y control social”.

El  exgeneral militar aseveró que se debe  volver a la veedurías y observatorios. Además, identificó como problema la elección de las autoridades de control como Fiscalía o Contraloría, que actualmente están en proceso de designación, en la CPCCS. “Yo aviso que en la consulta que debemos hacer para estos cambios  también consultaré la necesidad de que funcionarios que con este  sistema hayan sido recién  nombrados cesen en sus funciones”.

¿Y Cynthia Viteri?

La presidenciable del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, protagonizó una álgida discusión la semana pasada en Ecuavisa, cuando el presentador Alfredo Pinoargote le preguntó sobre su propuesta de que la Asamblea, que elegirán en febrero de 2017 se convierta en Constituyente y de esa manera permitir que la votación para reformas constitucionales no sea de las dos terceras partes de los legisladores sino la mitad más uno.

Pinoargote le recordó que los artículos 441 y 442 de la Constitución ordena que no se podrá introducir modificaciones constitucionales con ese procedimiento. “¿Por qué propone algo inejecutable que jamás será autorizado por la Corte Constitucional?”, le preguntó.

La candidata evadió la respuesta  y dijo -un poco molesta-: “Yo sé cómo hacer las cosas, a través de una consulta popular la gente es la que va a decidir, no yo como mandataria o grupos de políticos”.

No son viables las propuestas

El constitucionalista Gustavo Medina indicó que la propuesta de los candidatos no es viable. “Lo que  pienso es que se debe convocar a una consulta popular para que autorice, a su vez, a una Constituyente que haga una revisión completa de la Constitución actual o dicte una nueva Carta Magna; en ese sentido esas ofertas no son factibles”.

De la misma manera, el constitucionalista Rafael Oyarte explicó que esos temas de reformas están mal planteados, ya que deben regirse al  procedimiento que indica el artículo 442 de la Constitución: “En temas constitucionales no se puede hacer a través de una consulta popular general porque hay que crear mecanismos de modificación constitucional y la enmienda no está permitida para cambiar la estructura fundamental del Estado”.

Por eso, dijo que los candidatos en sus planteamientos de reformas, responden a cuestiones de “captación del voto, actúan todos políticamente, eso es entendible. Yo no justifico pero me lo explico de esa manera. Ahí el que tiene que obrar es la Corte Constitucional, sino para qué va a estar.

En un artículo de opinión publicado en El Comercio el 27 de octubre, Alfredo Negrete va más allá al señalar que los candidatos  de oposición “desconocen que la Asamblea Constituyente es la única forma de reformar parcial o integralmente el orden jurídico mediante la convocatoria a una consulta popular”. (I)