Los habitantes de Santa Elena tienen presente la principal razón por la que exigieron separarse de Guayas y convertirse en provincia en 2007: la falta de atención por parte de la Prefectura que, en aquel entonces, estaba bajo el mando del socialcristiano Nicolás Lapentti.

El presidente Rafael Correa firmó la ley de provincialización que, tras un intenso y largo debate en el entonces Congreso Nacional, se publicó finalmente en el Registro Oficial, el 7 de noviembre de 2007.

Los representantes del Partido Social Cristiano (PSC), en respuesta, dirigieron su atención a General Villamil (Playas). “Una vez que Salinas, La Libertad y Santa Elena han dejado de ser parte de Guayas, no pueden merecer nuestra atención en función de desarrollo”, manifestó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en octubre de 2007.

Los santaelenenses tienen buena memoria y, desde hace una década, dan su mayoritario apoyo electoral a los integrantes del movimiento Alianza PAIS (AP). Al mismo tiempo, deja entre los perdedores a las opciones socialcristianas.

Durante tres comicios consecutivos (2009, 2013 y 2017), AP se alzó con 2 de las 3 curules disponibles para asambleístas por la provincia peninsular. En el último de ellos, en alianza política con el movimiento Frente de Lucha Ciudadana (FLC).

Para César Palacios, dirigente provincial de PAIS en Santa Elena, las obras desarrolladas por los ministerios de Educación, Salud, Transporte, entre otros, también ayudaron a cimentar la preferencia electoral en favor de Lenín Moreno.

Durante la última década se han implementado estructuras como el puerto pesquero artesanal de Anconcito, la Ruta del Spondylus, el terminal terrestre y el hospital Liborio Panchana. Además, un proyecto de desarrollo agrario que ha beneficiado a 7.000 familias. “Son aproximadamente $ 1.100 millones que se han invertido en Santa Elena”.

Sin embargo, también existen gestiones pendientes, como la repotenciación de la planta de agua potable y la construcción de una estructura similar para la zona norte (Manglaralto y Colonche). Aunque son temas de competencia municipal, el candidato presidencial Lenín Moreno ha ofrecido su apoyo.

Otra situación electoral es que AP no ha logrado obtener individualmente las alcaldías de Salinas, La Libertad y Santa Elena. En el primer cantón, el burgomaestre Daniel Cisneros fue candidato de una alianza entre AP y el movimiento peninsular Creyendo en Nuestra Gente (CNG).

Para la segunda vuelta, Palacios afirmó que han obtenido el respaldo  del FLC y del Movimiento Independiente Libertad (MIL), a los que pertenecen los alcaldes Dionicio Gonzabay (Santa Elena) y Antonio Espinoza (La Libertad), respectivamente. “Hay afinidad política”.

Galápagos cambió la intención de voto en favor de CREO

La implementación de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg) marcó un antes y un después en cuanto al apoyo que inicialmente la provincia otorgó a AP.

A este factor se sumó, según Washington Paredes, asambleísta electo por la alianza CREO-SUMA, la falta de obras y la fragmentación de Alianza PAIS, producto de intereses particulares y discusiones internas.

Si bien en las últimas elecciones  del 19 de febrero los escaños se repartieron entre CREO-SUMA y AP, que antes eran de Avanza con Fanny Uribe y del exAP Ángel Vilema, el apoyo mayoritario fue para el candidato Guillermo Lasso y el NO en la consulta popular sobre los paraísos fiscales (ver gráfico).

Paredes sostiene que, pese a que el Gobierno afirma haber realizado una inversión de $ 250 millones en la provincia, hay deficiencias en los sectores de educación, salud y comercio. Además, hubo protestas contra la Loreg. “Nunca estuvimos de acuerdo con la aplicación de esa ley porque no se socializó y nunca se consideró lo poco que aportó la población”.

Entre las voces que se opusieron al estatuto estuvo la de Alfredo Ortiz, miembro de la Cámara de Turismo de Galápagos, quien sostuvo que se cometieron errores en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluido en los artículos.

Según registró un medio de comunicación local, Ortiz criticó que en tales estipulaciones no se considerara las deficiencias de cobertura en servicios como agua potable.

Por su parte, CREO-SUMA no descarta nuevas alianzas para mantener la tendencia. (I)