Las personas tienen derecho a que la información  que reciben de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Así consta en el artículo 22 de la Ley de Comunicación, que en un mes cumplirá 4 años de vigencia.

Para Paulina Mogrovejo, exintegrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información de la Comunicación (Cordicom), los resultados son positivos, pero no descarta la necesidad de hacer reformas, pues el precepto legal aún es perfectible.

Lo principal es que se convirtió en una herramienta, por sobre todas las cosas, para evitar la discriminación de grupos vulnerables. Según Mogrovejo, la repercusión ha sido mayor en los grupos etarios más jóvenes. Además, se obliga a los medios de comunicación a mejorar los contenidos de la programación y que no solo se queden con los programas con contenido basura.

A esto se suman los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación que ahora perciben entre $ 600 y $ 800, a lo que se suma la posibilidad de acceder a capacitación. Este es uno de los beneficios que resalta una treintena de periodistas agrupados en el colectivo, denominado Prensa Unida.

Mogrovejo citó otra arista, se trata del surgimiento de los medios comunitarios, que antes de la ley eran invisibles. “Esta oportunidad diversifica y visibiliza las diferentes culturas”.

Uno de los mecanismos que han sido adoptados por la ciudadanía es el derecho a la contrastación o réplica. La exconsejera recalcó que las personas ya hacen uso frecuente de este recurso legal. “Así la ciudadanía puede defenderse y hacer respetar sus derechos”.

Desde que se planteó el proyecto de Ley de Comunicación surgieron 2 posturas, una a favor de la norma y otra en contra, con el argumento de que la mejor ley para el sector es la que no existe. Las voces de oposición que se escuchaban tenían la teoría de que es suficiente la autorregulación.

Para Jaime De la Cruz, gerente de la productora Enfoque Digital, el beneficio es palpable para los creadores de productos audiovisuales nacionales, ya que la ley obliga a permitir espacios para transmitir estos productos, aunque denunció que no todos los medios cumplen a cabalidad. Cree que hay reformas que son necesarias para mejorar la norma, pero bajo ninguna circunstancia aconseja eliminarla. 

Uno de los entes creados a partir de la ley fue la Superintendencia de Comunicación. En la última rendición de cuentas informó que, con el fin de garantizar la observancia de derechos a la información y comunicación, en 2016 se iniciaron 345 procedimientos: 141 denuncias o reclamos y 204 a procedimientos administrativos de oficio. De las denuncias recibidas, 88 fueron ciudadanas. (I)