Uno de los problemas que enfrentaba el Estado a la hora de emprender la construcción de obras de beneficio social  como carreteras, puentes, aeropuertos o urbanizaciones, era el precio de las propiedades en manos de particulares y que incrementaban el valor de manera exagerada.

De la misma manera el costo de los terrenos, específicamente cuando el Estado o los gobiernos seccionales invierten en infraestructura, valoriza los predios particulares.

El presidente Rafael Correa denunció que la mayoría de veces propiedades se valorizan y luego son vendidas a mayor precio del que fueron compradas, pero debido a mejoras por obras del Estado.

Esto motivó al Ejecutivo a presentar la ley de plusvalía que fue aprobada en diciembre pasado.

Correa aclaró anteriormente que esta normativa  evitará burbujas inmobiliarias, además de que los ingresos que generen, al gravar la especulación del suelo y las ganancias extraordinarias, se destinarán a los gobiernos locales para sus obras.

En la actualidad el 85% de los ingresos de los municipios en el Ecuador depende de las asignaciones del gobierno, “no se trata de una imposición sino de una devolución”, dijo.

Incluso hay personas que se han aprovechado de información privilegiada sobre los proyectos en algunas zonas,  como sucedió en el caso de la construcción de la ruta viva en Quito o el nuevo aeropuerto, donde mucha gente compró a centavos los terrenos y vendió a miles de dólares el metro cuadrado”, comentó Marcelo Varela, profesor de Economía del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). El catedrático comentó que este impuesto sin duda evitará la especulación del suelo, lo que impulsará  por ejemplo al sector de la vivienda, pues los constructores comprarán terrenos a precios justos, lo cual se reflejará al final en el valor de las casas.  

No obstante, el Vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha estima que esta ley afecta a la clase media, ya que al gravarse con un impuesto del 75% a las ganancias extraordinarias, el vendedor está trasladando ese rubro al comprador, contraponiéndose al espíritu de la ley. “Hacen falta reformas y que los municipios actualicen los catastros, lo que no está sucediendo”, dice. 

Varela también se refirió a la ley de herencias que sigue como proyecto. “Es muy buena, en los países desarrollados llega el impuesto hasta el 95%; acá la base tributaria propuesta es del 5% a partir de 250 mil y progresiva hasta el 45%”.

Esta ley ayudará a fomentar la equidad y evitará que haya concentración de riqueza en pocas familias. “Lo que ha pasado es que esta ley fue mal entendida, entonces  debería presentarse nuevamente explicando a la gente el enfoque redistributivo que tiene”. (I)