Hasta el 22 de diciembre tiene plazo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar la convocatoria oficial a consulta popular, sobre si la ciudadanía está de acuerdo o no con que los funcionarios públicos y las autoridades de elección popular tengan una prohibición de tener capitales y bienes en los considerados paraísos fiscales.

El plazo de 15 días corre una vez que ayer el CNE recibió el Decreto Ejecutivo N° 1269, a través del cual el presidente de la República, Rafael Correa, dispone la convocatoria y notificó también a la Corte Constitucional (CC).

“Una vez que se han cumplido los dos pasos, tanto el dictamen favorable de la Corte Constitucional, como el Decreto Ejecutivo que se remitió con el texto de la pregunta, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación, de acuerdo con la Constitución y la Ley, de hacer la convocatoria respectiva”, dijo el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo.

Tras subrayar que desde el día de la convocatoria corre el plazo de 60 días para realizar la consulta popular, reveló que ayer en la tarde ha oficiado a las áreas técnica, jurídica y operativa del organismo del sufragio, para que preparen lo que les corresponde a fin de cumplir con la disposición presidencial.

Reveló que mañana viernes se reunirá el pleno del CNE en Guayaquil, con el propósito de aprobar el plan operativo, el presupuesto, el calendario y todos los pormenores sobre la consulta, por lo que no quiso anticipar mayores detalles.

“Esto no va a alterar el proceso electoral que llevamos adelante y que está en marcha” dijo el coordinador de Procesos Electorales del CNE, Diego Tello, al señalar que una vez que se apruebe el plan operativo las autoridades mantendrán contacto con los principales del Instituto Geográfico Militar (IGM) para definir la impresión de la quinta papeleta, que es la de la consulta popular.

Pozo admitió que las organizaciones sociales y políticas que deseen participar en la campaña de la consulta deberán registrarse hasta 5 días después de la convocatoria, especificando la opción a la que apoyarán y aseguró que habrá austeridad para el gasto de promoción. Pese a que no confirmó cifras, se pudo establecer que con la inscripción las organizaciones, tanto por el Sí y el No, tendrían derecho a alrededor de $ 288.000 que el CNE habilitaría para cada opción.

El dinero no se entrega a las organizaciones, sino que a través del CNE se realiza el pautaje de ‘spots’ de campaña en los medios de comunicación registrados.


Según el CNE, la promoción que podrán realizar las organizaciones políticas por el ‘Sí’ o por el ‘No’ no interferirá en la campaña para las elecciones generales de febrero, porque son procesos diferentes.

El decreto

En el documento suscrito y remitido ayer por el Mandatario se corrigieron los considerandos de la propuesta original, como lo ordenó la CC en su dictamen. El organismo observó la presencia de palabras que podrían denotar una carga sobre el tema que se está consultando. Estas expresiones que incluyen calificativos sobre el uso de los paraísos podrían -según el fallo- generar el apego de los votantes a la postura del oficialismo acerca del tema.


Además el decreto determina que en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano.

En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.

El 24 de octubre pasado, el presidente Rafael Correa explicó ante la CC que los paraísos fiscales constituyen “una de las peores aberraciones del actual orden mundial”, pues significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado, narcotráfico, sostén del terrorismo y, en definitiva, corrupción.

En su discurso de cerca de 30 minutos, Correa recordó que dos opositores a su gobierno tienen cuentas en paraísos fiscales, el uno, el candidato presidencial del Movimiento CREO, Guillermo Lasso, quien tiene hasta un banco y, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien ha puesto en un fideicomiso panameño todos sus bienes. “Ellos jamás deberían ser dignatarios ni servidores públicos”, subrayó.

Además, reveló que la prensa también está vinculada con paraísos fiscales y nombró el caso de diario El Universo; de Francisco Vivanco, principal accionista de diario La Hora y, de quien dijo es el verdadero dueño de Teleamazonas, Fidel Egas. ¿Cómo la prensa corrupta va a apoyar nuestra propuesta?, preguntó el mandatario. (I)