Los candidatos a la presidencia necesitarán una mayoría absoluta para obtener la victoria en la segunda vuelta electoral del 2 de abril.  

Según el artículo 161 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, ese triunfo se consigue con la mitad más un voto de los sufragios válidos emitidos. A diferencia de los comicios del 19 de febrero, en los que para conseguir el triunfo en la primera vuelta se necesitaba  al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a  10 puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio en el segundo lugar.

Para los comicios generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE)  estableció en junio del año pasado un presupuesto general de $ 110’ 734.145,24, en el que se contempló el balotaje.

Del rubro total, para la segunda elección, según la decisión del pleno de junio del 2016,  se destinarán       $ 18’518,125.91. Ese monto se emplearía, entre otros, en la impresión del nuevo material electoral.

Reglas electorales se mantienen

El 18 de febrero de 2016, es decir un año antes de los sufragios, el CNE aprobó el Plan Operativo y Calendario Electoral que se aplica actualmente. Allí se definió que el balotaje será el 2 de abril; es decir 45 días después de la primera vuelta, así como el inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta, que será del viernes 10 de marzo al 30 de ese mismo mes.

De esta manera, el silencio electoral, así como la Ley Seca, regirán desde el viernes 31 de marzo hasta las 17:00 del 2 de abril.  

Los padrones electorales no podrán alterarse para esos comicios, según dispone el  artículo 78 del Código de la Democracia que define que en caso de una segunda vuelta electoral no deberán cambiarse por ningún concepto los padrones  de la primera vuelta, ni el número de electores por cada Junta Receptora del Voto. Tampoco podrán incluirse en el registro nuevos electores. Se mantendrían, entonces, las 44.000 juntas y los 12’816.698 electores.

Para el 19 de febrero, el organismo electoral dictaminó $ 1,9 millones como límite para el gasto electoral. En el caso de la segunda vuelta, las reglas cambian.   

La normativa electoral en el artículo 209 también establece que el monto máximo de gasto permitido para cada binomio será el 40% del fijado para la primera vuelta; es decir $ 950.000. En estos valores se incluyen los gastos de promoción electoral en el exterior.

Sin embargo, el CNE deberá aprobar el plan operativo en sesión del pleno. Lo debe hacer luego de oficializar los resultados de la primera vuelta, así como tramitar las impugnaciones.       

Fausto Holguín, secretario del organismo electoral, indicó que los consejeros deberán “acoger” el plan inicial y aprobar el definitivo plan operativo de la segunda vuelta.

Sin embargo, el funcionario adelantó que para este nuevo proceso se seguirán las mismas reglas del primero. Por ejemplo, las encuestadoras podrán hasta 10 días antes  publicar la información. (I)

CNE fortalecerá la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto

Fausto Holguín, secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que el organismo fortalecerá la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV).

En la primera vuelta participaron 286.629 personas, quienes, tentativamente, volverían a integrar las 44.000 juntas receptoras a nivel nacional.  Del total  de integrantes de las JRV, un 71,32% fueron estudiantes universitarios.

El secretario del organismo electoral precisó que se intensificarán las capacitaciones, a pesar de los talleres que impartieron de manera periódica a estos ciudadanos previo a los comicios.

Cada mesa electoral está integrada por siete personas (3 vocales titulares, 3 suplentes y 1 secretario).

En las elecciones del domingo 19 de febrero, según Holguín, se redujeron  a un 7% las inconsistencias numéricas y  firmas. Indicó que antes los errores superaban el 20%. ”Para la segunda vuelta se activará  un nuevo mecanismo de capacitación para solucionar los problemas en donde tuvimos los mayores conflictos”, aclaró. Esa fue una recomendación de los observadores nacionales e internacionales.

Los miembros de las JRV, por ejemplo, son sancionados con tres remuneraciones ($ 1.125 ) cuando no permiten sufragar. Por no integrar una JRV se recibe una multa del 15% de un salario básico unificado, es decir de $ 56,25. (I)