Quito y Guayaquil.-

Hasta las 23:00 de ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) contabilizaba el 67% de los sufragios, respecto a la consulta popular, la cual preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo en que “para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”.

El ‘Sí’ había obtenido el 54,71% de votación, mientras que el 45,29% eligió ‘No’.

El canciller de la República, Guillaume Long, dijo en una entrevista a este diario, que estos resultados “demuestran que el pueblo sigue confiando en la gestión gubernamental por su combate a la corrupción de las burocracias tanto nacionales como internacionales”.

Los países están peleándose por conseguir un 1% o 3% de crecimiento anual y en un país como Ecuador cerca del 30% del PIB está en paraísos fiscales.

El asambleísta Virgilio Hernández (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, manifestó que el ‘Sí’ en la consulta popular “es un elemento fundamental para combatir todo lo que tiene que ver con paraísos fiscales”. Agregó que luego de un análisis del tema, habría reformas a la Ley de Servicio Público, Ley Orgánica de la Función Legislativa y al  Código Administrativo.

Para Guillermo Granja, académico de la Universidad Ecotec y máster en Dirección de Empresas, los resultados se interpretan como un ‘No’ a la corrupción de parte de la población. “La ciudadanía estaba clara de qué es lo que significa tener un dinero mal habido o ser un foco de corrupción en los paraísos fiscales”.

Granja señaló que el momento de los comicios electorales fue oportuno para consultar a la población sobre el tema y añadió que Ecuador, al convertirse en el primer país que hace un referendo al respecto, es un buen ejemplo de que no se tolerarán más casos que propendan a la corrupción.

“Yo lo veo con buenos ojos, porque si uno quiere ejercer una función pública, tiene que ser lo suficientemente transparente. No basta con la declaración juramentada de bienes al inicio y al final, sino que todo debe ser siempre transparente”, precisó.

El docente también considera  que “si el Gobierno hace reformas, debe incentivar al empresariado de tal forma que deje su dinero aquí; y no necesariamente con medidas restrictivas, sino con estímulos que pueden ir por el lado de la vía tributaria, como la exención de impuestos, zonas especiales de desarrollo económico en las ciudades que no son principales para promover el emprendimiento y el empleo”.

Por su parte, el  Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Pablo Iturralde, manifestó que “este referéndum beneficia al país. La población rechazó este tipo de mecanismos abusivos y fraudulentos”.

La consulta tiene importancia  porque regular los paraísos fiscales es relevante para transparentar procesos y ampliar acuerdos.
Iturralde explicó que los funcionarios públicos no son los únicos que propician  la evasión de  recursos  y  los actos de corrupción, sino también  las  empresas y entidades privadas.

Según estimaciones del CDES, tan solo el 17% de lo que pierde el país por el uso de paraísos fiscales es por causa de la corrupción.

El restante 83 % se debe a facturación  fraudulenta que efectúan las corporaciones transnacionales y multinacionales asentadas en el país. Esta  evasión significa para el Ecuador un monto cercano a los $ 20.000 millones.

Iturralde considera que falta tomar decisiones relacionadas con los proveedores del Estado, sus vínculos y saber de qué manera el nuevo gobierno asumirá la responsabilidad de crear un organismo intergubernamental de regulación y control que impida el envío de recursos al sistema  internacional offshore y recuperar recursos para el país.

El académico dijo que es indispensable retomar el Decreto que prohibía a proveedores públicos, vinculaciones con paraísos  fiscales y que fue derogado  en  septiembre del 2015, antes de los  escándalos de los “Panama Papers”.

Iturralde agrega que es fundamental mantener regulaciones fiscales en el sector minero y petrolero, derogar la Ley de Incentivos a la Producción y supervisar a las corporaciones que evaden el pago  de impuestos, que son quienes encuentran mecanismos para evitar los pagos impositivos.

Otra de las iniciativas destacadas de Ecuador fue la propuesta hecha el año pasado a las Naciones Unidas para crear un organismo supranacional para la eliminación de paraísos fiscales (I)

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El mundo destaca la iniciativa ecuatoriana

La decisión ecuatoriana de combatir los paraísos fiscales y los resultados de la consulta popular fueron reconocidos a escala mundial.

Según Óscar Ugarteche, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de ‘Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional’, el referendo fue una manera de empezar a cortar el vínculo que une a la corrupción política y la económica. “Es una idea que debería repetirse en otras naciones. Contribuye a evitar que estos funcionarios tengan en dónde esconder el dinero que reciben de coimas, pero también dificulta que formen parte de un gobierno con un patrimonio no declarado en un paraíso fiscal”, indicó a BBC Mundo.

Ese mismo medio citó a Nicholas Shaxson, autor de “Las islas del Tesoro”, un estudio exhaustivo sobre paraísos fiscales.

Shaxson considera que las estructuras offshore deberían estar en el centro de todo el debate sobre la globalización. “El tema de los paraísos fiscales afecta a tal punto el entramado político, económico y social tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, que se puede decir que son el corazón oscuro de la globalización”.

Por su parte, Porter McConnel, directora de Financial Transparency Coalition -organización dedicada a luchar en contra de las desigualdades del sistema financiero- dijo: “Estoy muy impresionada con el liderazgo que ha demostrado Ecuador en este tema de los paraísos fiscales y en general sobre el tema de los flujos financieros ilícitos”. (I)