En cumplimiento con lo establecido en el calendario electoral para los comicios generales del 19 de febrero próximo, ayer comenzó la campaña de cambio de domicilio en las provincias de Manabí, Esmeradas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas jurisdicciones fueron las más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril.

Dos meses durará la misma (hasta el 31 de agosto) en consideración de que existen muchas personas que salieron de las provincias a causa del terremoto. Algunas ya han comenzado el retorno, mientras que otras se han asentado en diferentes localidades.

En las 21 provincias restantes la misión de establecer el domicilio de la población durará solo un mes y comenzará el 1 de agosto, según confirmó el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo. El organismo da todas las facilidades a quienes tuvieron que abandonar sus sitios de residencia por el sismo. “Tenemos familias que han salido de las provincias afectadas por lo que hay que trabajar en estos cambios de casa para que tengan la garantía de su derecho al voto sin ningún contratiempo”, dijo al precisar que esto es parte de la planificación del proceso electoral.

Ahora los cambios de domicilio no se los hace libremente, sino mediante un proceso de fiscalización y auditoría para evitar que se distorsione el ejercicio electoral. Desde ayer las brigadas móviles y fijas  atienden a los ciudadanos en sitios estratégicos como centros comerciales, plazas, estaciones de buses, supermercados y otros lugares de concentración ciudadana.

Para proceder con el cambio, el ciudadano debe portar su cédula de ciudadanía y una copia de las planillas de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Con esos documentos acude a uno de los puntos fijos o móviles que ha definido el CNE y solicita la anulación de la anterior dirección y el registro de la nueva.

La vicepresidenta del CNE, Nubia Villacís, indicó que el propósito de este trámite es acercar a los ciudadanos a los recintos en los cuales deberán sufragar.  Y es que a través de esta campaña las personas tendrán la oportunidad de decidir en qué cantón, provincia o barrio podrán ejercer su derecho al voto y elegir a los nuevos asambleístas, parlamentarios andinos y Presidente de la República.

Según datos del CNE, en el último proceso electoral de 2014, 360.000 ciudadanos realizaron este  procedimiento en las diferentes delegaciones provinciales. Los datos registrados pasan al sistema general de esta entidad y los resultados del cambio se conocerán en agosto.

27 recintos electorales en duda

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, señaló que luego de la evaluación del impacto del terremoto del 16 de abril, ha quedado determinado que en el caso de la provincia de Esmeraldas son cinco los establecimientos educativos que iban a ser utilizados como recintos electorales y que están afectados seriamente. En Manabí son 22.

Pozo ha dialogado con las autoridades del Ministerio de Educación para definir el plan de contingencia. Ya quedó claro que esos locales escolares no podrán estar habilitados hasta febrero y que en algunos casos deberán ser, incluso, demolidos.

El objetivo ahora es identificar a los nuevos predios escolares que podrán ser utilizados como recintos electorales. Para ello se priorizará la ubicación geográfica y las facilidades que brinde.

Registro Electoral es depurado

En el Registro Electoral constan todos los ecuatorianos habilitados para sufragar. Para los comicios de 2017 se prevé que sean alrededor de 13 millones de ciudadanos los que ejerzan ese derecho. El CNE está concentrado en su depuración.

El organismo aplica un sistema de auditoría  junto con delegados de las organizaciones políticas y las autoridades del Registro Civil. Los trabajos han arrojado un dato inicial: el porcentaje de inconsistencia ni siquiera supera el uno por ciento. “Es importante que ese uno por ciento se vaya eliminando de cara al proceso de votaciones 2017”, afirmó Pozo.

En esa línea el CNE ha presentado un plan de mejoras para que el 2 de octubre “en que hacemos el cierre del Registro Electoral, este documento sea mucho más limpio”. El funcionario lamentó que ciertos actores políticos hayan salido a denunciar el registro y los padrones electorales. “Están en su estrategia muy clara de generar el desprestigio institucional, el caos con información que se basa en falsedades. Nuestra reacción será más información y calidad”.

La última denuncia fue una supuesta votación de migrantes en los comicios pasados, que fueron seccionales. Pozo desmintió eso y probó que en el padrón no habían sufragado. (I)

DATOS

La cédula de ciudadanía y una copia de un recibo del pago de servicios básicos (luz, agua potable o teléfono) son los requisitos para solicitar el cambio de domicilio. (I)

En las elecciones desarrolladas en el 2014, según datos del propio CNE, alrededor de 360.000 ciudadanos realizaron el cambio de domicilio para poder sufragar en el sitio más cercano a su sitio de residencia. (I)

En las elecciones generales del 19 de febrero próximo se elegirá a: Presidente; Vicepresidente; 137 asambleístas (15 nacionales, 116 provinciales, 6 del exterior); y, 5 parlamentarios andinos. (I)

La caída de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional, la apreciación del dólar y la emergencia nacional a causa del terremoto del 16 de abril que afectó mayormente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, obligó a las entidades públicas a reducir sus gastos. El CNE se sumó al plan de austeridad y ha recortado casi un 16% el presupuesto electoral. (I)

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Habrá desembolsos mensuales de $ 10 millones

CNE y Finanzas definieron calendario de transferencia de recursos para elecciones

La asignación de recursos económicos para las elecciones generales del próximo 19 de febrero está definida y garantizada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Finanzas llegaron a un acuerdo para establecer el desembolso de los $ 111 millones  presupuestados.

“La primera entrega de $ 40 millones ya se hizo la semana pasada y hemos logrado el compromiso de que exista un desembolso mensual de $ 10 millones”, informó el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, al señalar que con la primera entrega ya se trabaja en la etapa preelectoral de levantamiento de todos los términos de referencia y otras acciones.

Sobre una posible consulta popular como la anunciada por el Presidente de la República que se realizaría el mismo día de las elecciones, aclaró que el CNE  no está planificando ningún tipo de referéndum, sino que son las etapas previas que se están dando y que la competencia de la entidad rectora de las elecciones es exclusivamente en cuanto a la entrega de formularios.

“Obviamente la verificación de requisitos de legitimidad tenemos que hacerla, luego pasa a otras etapas, son hechos futuros, inciertos que el CNE no puede planificarlos y en el caso de que llegue y se disponga cualquier tipo de planificación que esté por fuera del proceso electoral del 2017, solo ahí se lo hará”, manifestó Pozo. Admitió que una consulta popular tendrá un costo adicional porque es una planificación aparte, propia y eso significaría una inversión adicional, porque los $ 11 millones son exclusivamente para la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2017.

El pasado 1 de junio, en cumplimiento con las políticas de austeridad, el CNE aprobó por unanimidad la reducción del presupuesto para las elecciones generales, en un 15%.

Para el reajuste de estimación que bordea los $ 20 millones fueron revisados los aspectos técnicos, administrativos y condiciones externas del Plan Operativo Electoral (POE), en el que se enmarca el cronograma, calendario electoral y presupuesto.

Los fondos aprobados en febrero sumaban $ 131’569.331,27, pero con el reajuste aprobado por el CNE en su sesión del miércoles 1 de junio quedó en $110’734.145,24.

Para la primera vuelta se fijó en $ 92’216,019.3 y la segunda  costará $ 18’518,125.91 dólares. Pozo señaló que la reducción es un trabajo en conjunto con las delegaciones provinciales electorales, coordinaciones y consejerías, en donde se sustentaron requerimientos y necesidades, sin poner en riesgo la calidad y efectividad del proceso democrático.

El consejero del CNE, Mauricio Tayupanta, indicó que dentro del plan de austeridad se concretó el convenio con Corea del Sur y la donación de 2.000 escáneres para el procesamiento de las actas de escrutinio, operación que representaría un ahorro de $2 millones.

Por su lado, la vicepresidenta del CNE, Nubia Villacís, enfatizó que esta optimización de recursos es un esfuerzo ante la necesidad y emergencia del país, pero sin poner en riesgo cada una de las fases del proceso electoral.

Asimismo, la consejera Marcela Paredes recalcó que existen todas las garantías para el desarrollo de los comicios en los que se elegirán asambleístas, parlamentarios andinos, Presidente y Vicepresidente. (I)