Un contingente de 82.057 miembros de la Fuerza Pública (33.709 policías y 48.348 militares) será responsable de precautelar la seguridad de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), así como las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones del 2 de abril.

Para cumplir adecuadamente sus labores, el personal contará con un  aparataje logístico de  3.100 vehículos, 5.340 motos, dos helicópteros,  además 1.575 personas se encargarán de forma específica de la custodia de los centros de recepción de resultados, informó ayer Juan Pablo Pozo, presidente del CNE.

Este detalle de personal humano y logístico se conoció en las instalaciones del ECU-911, durante la conformación de la Mesa de Seguridad, en donde participaron autoridades de los ministerios Coordinador de Seguridad, del Interior, de Salud, de Transporte y Obras Públicas; la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR), entre otros organismos.  

El presidente del CNE reiteró que este plan se realizará para garantizar la seguridad de la ciudadanía de la misma forma que se hizo en los comicios del 19 de febrero. Para ello, además estarán activas las mesas de seguridad en los 16 puntos del ECU9-11.

El funcionario reiteró que también se prevé un contingente de seguridad para dos jornadas adelantadas de sufragio.

El primero es el voto para las personas privadas de libertad (PPL) que se encuentran sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Este proceso está previsto para el jueves 30 de marzo y se llevará a cabo en 38 centros de rehabilitación social de 20 provincias.

El segundo es el viernes 31 de marzo, para el proceso denominado ‘Voto en Casa’, a través del cual se asistirá a 883 personas con discapacidad física en todo el país.

El titular del organismo electoral reiteró que dentro de este plan de seguridad se contemplan sanciones para las personas que atenten contra el proceso democrático.

Para ello, este miércoles se desarrollará un taller con delegados de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, la Policía Nacional y el CNE.

En esa línea, Pozo recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 331, sanciona a las personas que obstaculicen de alguna manera los procesos electorales en cualquiera de sus fases.

En estos casos se contempla prisión de entre 3 y 5 años. Si se trata de un servidor público quedará inhabilitado de ejercer un cargo por el doble de tiempo de la pena privativa de libertad.

Prevención contra las lluvias

César Navas, ministro Coordinador de Seguridad, advirtió que se contemplaron planes de contingencia en caso de que alguno de los recintos resultara afectado por los daños de las lluvias.

Indicó que para esto se coordinaron acciones con la SNGR, ANT, Ministerio de Salud y la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE).

Boris Córdova González, ministro de Transporte y Obras Públicas, estimó que entre un 5% y 7% de ciertos puntos de las carreteras principales se encuentran afectadas por diversas causas del temporal (taludes, deslizamiento de tierra, puentes socavados, etc.). No obstante, reiteró que estas vías se encuentran en mantenimiento.

Hasta el momento, se invirtieron $ 2,5 millones para la reparación de las vías. No obstante, aún se requieren efectuar estudios de obras.

El funcionario advirtió que se espera un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre las afectaciones que sufrieron en la región Costa. Indicó que los daños más graves se concentran en El Oro, sobre todo en las vías que conducen a Piñas y a Zaruma que están averiadas en tres tramos.

Reiteró que aunque hay pasos alternos, se espera que esta semana las vías ya se encuentren nuevamente operativas.

Córdova dijo que Cotopaxi también está afectada. Este problema se detectó en la vía Sigchos-Suchitlan, en donde hubo dos derrumbes en una ladera.

El funcionario añadió que habrá un reporte antes de que inicien las elecciones para que las personas sepan por dónde movilizarse y así cumplir con las elecciones. (I)

DATOS

El ministro César Navas indicó que para evitar disturbios en las sedes del CNE se levantaron cercos externos de la Policía y cercos internos a cargo de los militares.   

Navas y Pozo reiteraron que si bien la ciudadanía tiene derecho a organizarse y manifestar sus posturas, no deben afectar la seguridad y la convivencia pacífica del resto de los ciudadanos.

El COIP aplica más sanciones para otros delitos. Se impondrá una pena de pérdida de derechos ciudadanos por seis meses en los casos de robo de papeletas, falso sufragio y fraude electoral.

El Código de la Democracia contempla, en cambio, multas si se viola la Ley Seca.