La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil presentó ayer un documento, que posteriormente será entregado a los candidatos a la presidencia de la República, sobre el rol que juegan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dentro del Estado.

El objetivo es que se revalorice el rol que juegan esas organizaciones en la sociedad (ver gráfico) y como aportantes de valores cívicos y relacionamientos internos y externos. En este sentido, el folleto está fundamentado en los talleres realizados en diferentes ciudades de Ecuador durante el último año.

El texto, construido alrededor de cinco capítulos, propone derogar decretos que limitan las libertades de la sociedad civil al trabajo colectivo en democracia; recuperar los valores cívicos; desarrollar lineamientos de gestión para el manejo de relaciones internas dentro de las organizaciones; debatir las regulaciones y participar en la construcción de políticas públicas (según el folleto, las organizaciones tienen su experticia en este punto); y ofrecer voluntariado como medio adecuado para el desarrollo de las OSC.

Las propuestas están enfocadas a estructurar un entorno legal favorable para que convivan con el poder político, “en definitiva, dar libertad y garantía para que la sociedad civil se organice”.

Esta confederación tiene como miembros a organizaciones a escala nacional, concentradas en diferentes provincias.

A pesar de que cada organización tiene su propio tiempo de vida, el colectivo nace en 2009 y abarca a distintos sectores de la sociedad como mujeres, naturaleza, niños, personas con discapacidad, etc.

Además, según Cecilia Lincango,  vocera de la Confederación, su labor no se centra únicamente en el país sino también en entender las problemáticas a nivel regional. En ese sentido, organizaron el pasado noviembre el Foro Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Confederación ha desarrollado más de mil proyectos con un impacto de más de 2 millones de personas y más de 12.000 organizaciones beneficiadas directamente.

Uno de los pedidos es que el próximo gobierno respete el decreto constitucional de “libre asociación de las organizaciones y participación como derechos que conllevan una responsabilidad social”. (I)