A pesar de que la Ley de Desarrollo Fronterizo se aprobó  en mayo de 2018, los beneficios que esta acarrearía no llegan, las 10 provincias contempladas en la normativa mantienen altos índices de desempleo, pobreza y nulo desarrollo.

Por este motivo, desde el 7 de agosto de 2019, el Grupo Parlamentario Fronterizo convocó a las diferentes autoridades gubernamentales encargadas de cumplir esta ley y elaboraron un informe.

Del análisis efectuado luego de las comparecencias de autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) y representantes de los ministerios de Finanzas, Educación, Producción, Defensa, Ambiente, Turismo, Minería, entre otros, el grupo parlamentario concluyó que la política pública del Estado en las fronteras ha sido poco planificada.

Además de claras limitaciones para propiciar la articulación sectorial y coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Asimismo evidenciaron la falta del reglamento de la ley, lo que contribuyó a mantener sin cambios a los 64 cantones que se encuentran en los 40 kilómetros desde la línea de frontera y que son parte del objetivo de la normativa.

Tampoco se constituyeron los comités creados por la ley para articular y evaluar los programas, estrategias y proyectos fronterizos a ser aprobados y ejecutados por cada ministerio sectorial.

El informe anota que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador sostiene que  el tratamiento preferencial y diferenciado de los programas y proyectos de la zona fronteriza se verificará una vez publicado el Reglamento General de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, el cual todavía no existe.

La asambleísta Silvia Salgado, coordinadora del Grupo Parlamentario Fronterizo, puntualizó que esta ley fue tratada por el Pleno de la Asamblea en 2012 y vetada en su totalidad por el expresidente Rafael Correa, pero en mayo de 2018 se aprobó esta normativa sin ninguna modificación, “por lo que está desactualizada”.

Las comparecencias ayudaron a identificar los problemas de la ley que no se aplica.

El Ministerio de Finanzas calcula el presupuesto de los GAD de acuerdo con el 100% de la población residente, pero en el caso de las provincias fronterizas se aumenta el 50% de población, es decir con base al 150%, solo para estas zonas.

Además, la frontera lidia con la inseguridad en las áreas del cordón limítrofe, especialmente con Colombia, por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico.

De igual manera, el flujo migratorio de ciudadanos de Venezuela que han colapsado los ingresos al territorio. A lo anotado hay que aumentar el tema de competitividad en áreas productivas, agropecuarias o industriales, con respecto a Perú y Colombia, que no están dolarizados.

Sobre aquello, que ha incidido en cero inversión, Salgado comentó que, por ejemplo, un pasaje aéreo de Quito a Bogotá cuesta hasta $ 600, pero desde Ipiales en Colombia, a pocos kilómetros de Tulcán, el boleto vale $ 150.

“Estas desventajas deben ser atendidas, por eso entre las conclusiones del informe está que la Asamblea conforme una comisión especial para que elabore reformas urgentes, en un plazo no mayor de 90 días, a la Ley de Desarrollo Fronterizo”, expresó Salgado.

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, coincidió en que la ley aprobada no ha conllevado cambios para los pobladores. “No hay ayuda estatal para activar los proyectos de riego, tenemos el plan de un aeropuerto de carga para incentivar la producción, pero sin recursos no podemos progresar”.

Mientras que el prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, dijo anteriormente que necesitan que el Gobierno apruebe el reglamento y así poner en práctica las garantías que otorga la ley a los habitantes de frontera”.

Entre los beneficios constan: exoneración de tributos y aranceles para la importación de equipos y maquinaria, canales para acceso a líneas de crédito preferenciales, protección a la producción agropecuaria y pesquera para impedir la competencia desleal, el contrabando y la especulación.

El contenido del informe será discutido en el Pleno de la Asamblea, pero hasta el momento no hay fecha para su ejecución. (I)