Con el anuncio de la consulta popular, el exconsejero de Hábitat y Medio Ambiente, Virgilio Hernández, advirtió sobre las posibles consecuencias de una eventual derogatoria a la conocida ‘Ley de Plusvalía’.

¿Considera oportuna la convocatoria a consulta popular?

La consulta popular es un mecanismo establecido en la Constitución, de tal manera que es válida, ahora es el momento en el que el gobierno está en su mayor apoyo y por eso se llama a consulta popular. De hecho, el principal objetivo de la consulta es político: establecer oxígeno propio, un proceso de legitimación, dirimir campos con el expresidente Correa y definir los campos con PAIS y otras fuerzas políticas. La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana pero que obviamente tiene objetivos políticos.

¿Entonces es válida?

Muchos de los temas pudieron efectuarse por reformas legales. Son temas en los que todo el mundo está de acuerdo. Otros son de política pública, no requería de consulta, el tema del Yasuní por ejemplo. Con la simple voluntad política se pueden llevar esos cambios. Pero hay temas de derechos que son complicados someter a la voluntad popular.

En la pregunta sobre funcionarios involucrados en actos de corrupción, es un tema en el que todos podemos estar de acuerdo pero según la Constitución, en el artículo 11 dice “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento (...) pasado judicial”. Se lo puede hacer pero a través de una Constituyente.

Sobre la reelección: es un derecho del conjunto de ciudadanos. Es el pueblo el que decide, si el dignatario ha realizado una buena función, lo premia con la reelección, caso contrario no. En 2014, el 70% de las autoridades que se presentaron a la reelección, perdieron. Demuestra que la ciudadanía sabe distinguir.

¿Qué sucede con la Ley de Plusvalía?

La Corte no podrá pasar esa pregunta, porque existe una prohibición. En el artículo 376 de la Constitución dice “para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente (...) se prohíbe la obtención de beneficios de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular en el cambio de uso”.

Con la ley hay ámbitos de abstención. Esta debe ser derogada en el Parlamento, pero sobre todo no puede dejar de existir la ley, porque ejecuta la prohibición de que exista especulación.

El costo de derogar la ley es que incluso puede perjudicarse el plan del Gobierno, porque subirá el valor del suelo. Por asumir un mandato de los grupos de poder, se afectará el propio programa de gobierno.

La ley buscaba que se deje de especular ¿lo ha logrado?

Según los datos, en el 2017, cuando empieza a regir la ley, este sector empieza a recuperarse. Cuando uno ve los datos se da cuenta de que aun con la ley el sector de la construcción empieza a recuperarse, ¿por qué? porque la economía empieza a recuperarse.

Al parecer ha tomado una postura ante la consulta ¿impulsará el No?

No tengo una posición definida de la consulta popular hasta que no pase la Corte Constitucional.

¿Hay división en PAIS?

En PAIS siempre ha habido debate. Yo planteé que una de las posibilidades para que PAIS pueda sobrevivir es que se reconozca como un movimiento donde existan distintas corrientes políticas. (I)