La primera etapa del rediseño institucional que impulsó el Ejecutivo desde abril pasado, -finalizó la semana anterior, con reformas en 15 entidades del Gobierno-, tomó en cuenta aspectos presupuestarios y políticos.

No obstante la Secretaría General de la Presidencia, con base en el análisis de resultados de la reestructuración del Estado, decidirá si impulsa otra fase de la reforma estatal, que empezaría en el 2019.

La llamada “optimización del Estado” se concretó con siete decretos ejecutivos: el 526, del 21 de septiembre pasado, con el que se suprimió la Secretaría de Inteligencia y dio paso al Centro de Inteligencia Estratégica.

El Decreto 533, emitido el 3 de octubre de 2018, ordenó la fusión del Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua.

El 534, oficializado el mismo día, concretó la transformación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que pasó a ser el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

Luego, se suprimió la Secretaría Nacional de Comunicación y sus competencias se trasladaron a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, por medio del Decreto Ejecutivo 535.

Con el quinto Decreto 559, el pasado 14 de noviembre, el Ministerio de Comercio Exterior fue absorbido por el Ministerio de la Producción.

El mismo día el Decreto 560 transformó el Ministerio de Justicia en la Secretaría de Derechos Humanos.

De la misma manera, el Decreto 399 fusionó por absorción al Ministerio de Hidrocarburos y las instituciones de electricidad, minería y la Secretaría de Hidrocarburos.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) informó a EL TELÉGRAFO que el Mandatario tiene la atribución de realizar una nueva reorganización de la institucionalidad del Ejecutivo en cualquier momento. Es decir, con ello se generaría una segunda etapa.

De considerarlo, la Secretaría General de Presidencia, que la preside José Agusto Briones, podrá señalar -según la Senplades- “la pertinencia estratégica de avanzar con un nuevo bloque de entidades optimizadas en 2019”.

El plan de supresión de entidades gubernamentales anunciado por Senplades en abril de este año, señaló que los cambios permitirán un ahorro de $ 148 millones.

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) hizo el Plan de Perfeccionamiento, con la propuesta de reducir de 22 a 15 empresas públicas de la Función Ejecutiva.

El plan implicaba la separación de más de 1.000 funcionarios del nivel jerárquico superior hasta 2021. Solo este año (2018) se planificó una reducción de 625 a 365 asesores del servicio público.

Al respecto Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, destacó que esta fase se cumplió sin novedades. En marzo pasado, esa carga de 625 asesores significó un gasto de $ 1’748.432. Al 30 de octubre, la cifra se redujo a 226, es decir, el presupuesto para ese rubro fue de $ 658.808. Hubo una disminución del 62%.

Ledesma aclaró que la reducción laboral no incluirá a los sectores de salud, educación, justicia, seguridad y bienestar social.

Kléver Arízaga, catedrático universitario, resaltó que esto pule el exagerado peso burocrático que le costaba millones al Gobierno. “Es justo y necesario que haya este proceso”, dijo. (I)

Rediseño
Programa económico
La estrategia para la optimización del Estado es parte de los ejes del programa económico del Gobierno Nacional. Para lograrlo en su primera etapa se hizo por ejemplo, la fusión de ministerios, reducción de personal y nuevos contratos de trabajo.

17 ministerios tiene el Gobierno en la actualidad. Se desconoce si  habrá nuevas fusiones.

Presidente pidió renuncias
El mandatario Lenín Moreno pidió la semana pasada la renuncia de su Gabinete ministerial. A sus ministros los evaluará para ver si cumplieron las metas, por ejemplo, de la optimización.