Empresas fantasmas y facturas falsas es otro capítulo de la trama de corrupción conocida como Arroz Verde. En esta ocasión, el Servicio de Rentas Internas (SRI) analizó el pago de 57 personas naturales y jurídicas que fueron señaladas en la denuncia de entrega de aportes ilegales para las campañas electorales de Rafael Correa y los candidatos de Alianza PAIS.

La directora del SRI, Marisol Andrade, dijo a la Comisión de Fiscalización que en este momento se cumplen 57 controles a grandes contribuyentes.

De ellos, 12 están en revisión y 124 en programación, que son dos instancias de auditoría interna del SRI. Sin embargo, en un primer informe, ya se detectó el presunto perjuicio al Estado por $ 41 millones, a causa de los pagos de impuesto a la renta y constitución de empresas fantasmas.

Según explicó la funcionaria, se comprobó que las empresas usaron una fórmula compleja para esquivar el pago de tributos.  

La evasión se inicia con la compra de facturas a compañías fantasmas. Con estos documentos aumentaban sus gastos internos y deducibles de impuestos, generando un perjuicio al Estado, ya que no recibió el pago correcto por la renta de esas compañías.

El rastro de estas empresas se siguió a propósito de la difusión de los correos de la exasesora de presidencia, Pamela M., donde señalaba el nombre de las empresas que presuntamente colaboraban económicamente para las campañas de Alianza PAIS.

En esos emails también se evidenciaba que estas firmas aceptaban pagar a los proveedores del movimiento político fingiendo que recibían un servicio a su favor.

Hasta el momento se ha detectado a 22 contribuyentes directamente relacionados con estos desvíos tributarios. Los nombres fueron entregados en reserva a los miembros de la Comisión de Fiscalización para su investigación.

Pero el trabajo del SRI no termina porque de las 124 auditorías que están en la etapa de programación, estima que 32 son de alto riesgo y 73 de bajo riesgo.

De acuerdo con Andrade, los resultados definitivos de esta revisión estarán listos en 10 meses, por los plazos establecidos en la norma.

El asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, fue uno de los primeros en presionar por una investigación tributaria en este caso. Para él era necesario saber qué empresas inflaron gastos.

A su criterio, también debería actuar el Ministerio de Trabajo, porque con el mismo sistema los empleados de esas compañías recibieron menos utilidades.

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización quisieron escuchar la versión de los representantes de las empresas que fueron señaladas en las publicaciones periodísticas de la trama Arroz Verde.

Para este jueves 5 de julio estaba prevista la comparecencia de Francisco Peña, representante legal de la empresa Ripconciv; Danny Walker, de la empresa Armiled, y Rodrigo Dueñas, de Reylacteos.

Ninguno de los tres se presentó, pero enviaron cartas a la Comisión de Fiscalización justificando su ausencia y negando la veracidad de las publicaciones que originaron las investigaciones.

Walker incluso dijo que no descarta emprender acciones legales en contra de los responsables de los reportajes.

Para el legislador de Alianza PAIS Fausto Terán es importante conocer la versión de los empresarios sobre esta denuncia y pidió que se solicitara sus respuestas por escrito. Ese criterio tuvo el respaldo de sus compañeros.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, sostuvo que se preparará un documento que incluya las preguntas que se iban a realizar a los empresarios para enviárselas y obtener una respuesta.   

La Comisión de Fiscalización tiene 45 días para presentar un informe al pleno de la Asamblea sobre el caso. Para el lunes 8 de julio está convocada la fiscal general del Estado, Diana Salazar. (I)