Asamblea aprueba Ley de Tierras con 98 votos

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Tierras con 98  a favor. Estuvieron 125 asambleístas presentes en el Pleno. Esta es la primera normativa que el Legislativo aprueba en 2016.

Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señaló que la ley pasó por consulta prelegislativa en 23 provincias del país.

"Hubo un proceso de construcción de más de 2 años del proyecto de Ley", dijo y recordó que para el segundo debate se realizaron 3 reuniones.

Se refirió a algunas modificaciones, entre ellas sobre la función ambiental y protección o cobertura forestal, que señaló que no constará un porcentaje, sino que exigirá una cobertura vegetal y el Estado generará políticas.

También dijo que no hay restricción para la inversión pública-extranjera. Sin duda dijo que no se permitirá la compra de tierras, pero si la inversión para el desarrollo agrario. "La propiedad de la tierra debe seguir en manos ecuatorianas", agregó.

También aclaró que se realizaron ajustes sobre las áreas de seguridad, la institucionalidad agraria y se facilitará el acceso al crédito de vivienda y producción.

Carvajal destacó la construcción de leyes con amplio sentido de participación y de escucha a los asambleístas y a la sociedad.

Destacó que la norma mejora y garantiza la producción. "Prepara al agro para una época post petrolera", dijo Carvajal, quien señaló que con la normativa, la tierra será redistribuida a campesinos que no tienen tierra o la tienen de mala calidad. "Mejora las condiciones de gobernabilidad del sector tierra con base a medidas técnicas", destacó Carvajal.

Hasta las barras altas llegaron representantes como José Agualsaca, de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), así como Santos Villamar, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), quienes señalaron que apoyan la aprobación de la normativa en la Asamblea Nacional.

Santo Villamar, presidente de la Fenocin, dijo que la ley soluciona muchos problemas en el campo, entre ellos la tenencia de la tierra, así como la redistribución de la tierra. A su criterio, con esta ley se garantizan los créditos y una mejor productividad. "Esperamos contar con un marco jurídico bien definido para resolver los conflictos de tierra, que actualmente no se resuelven", señaló Villamar, quien dijo que "ahora la tierra está en manos de quienes lo producen".
José Agualsaca, presidente de la FEI, enfatizó que la Ley de Tierras "es un proyecto urgente que esperan los campesinos y pequeños productores del país".

Recordó que la actual norma fue expedida en 1994, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, "en complicidad con el Partido Social Cristiano (PSC)".

Por ello dijo que la ley de la Asamblea es "progresista, positiva, permite el acceso a la tierra, define la función social y ambiental y la responsabilidad social del Estado en fomentar la producción y la productividad".

Considera que con esta norma se construirá "un modelo alternativo, justo, de soberanía alimentaria, en donde se produzca prensando en el recurso humano y en la función del país frente al modelo neoliberal de los agronegocios".

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que en América Latina y en el Ecuador, la pobreza en la ruralidad está anclada a la falta de acceso a la tierra y la producción.

Recordó que la normativa actual de 1994 tuvo un un alto contenido neoliberal, al hablar del "racionamiento de terrenos comunitarios y fomento a la concentración y especulación". Por ello, según la titular del Legislativo eran necesarios los "cambios de perspectiva, crear condiciones para que el agro no sea el escenario de expulsión de familias dedicadas a la agricultura".

Recalcó que la normativa fue presentada por las organizaciones sociales y por este motivo marca un hito en la participación y colegislación.

A su criterio, la normativa fomenta la redistribución de la tierra, sobretodo con el fomento al crédito y la asistencia técnica para su mejor producción.
"No se trata de entregar tierra, sino que garantizar un sistema integral de producción de la tierra", agregó.

Recordó que la norma permite la inversión en materia agraria con el fin productivo. "Sembramos una semilla para la equidad en el campo. (...) La tierra debe ser para quién la trabaje", sostuvo.

De su lado, Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, recordó que la norma fija 25 hectáreas para la Sierra, 75, en la Costa y 100 en la Amazonía para no estar sujetas de expropiación, "las demás tienen que cumplir la labor social y ambiental que manda la Constitución", dijo.

Agregó que si las tierras están abandonadas por más de 2 años o no hay producción serán afectadas por el Fondo de Tierras y se entregará al agricultor.

Dijo que si una propiedad tiene algo de producción, pero no cumple la función social y ambiental tiene un plazo de 1 año para mejorar las condiciones, y si en ese lapso no mejora las condiciones tendrá un plazo de 6 meses con una multa del 10% del valor del catastro municipal. Pero que si en 1 año y 6 meses no cumple con la normativa se le expropia y se le compra la tierra, " no hay confiscación de tierra, porque la Constitución no permite aquello y se entrega a las organizaciones".

Indicó que la entrega se realiza con base a la unidad productiva familiar, que es una unidad de medida, que de acuerdo a las condiciones agroecólogicos (altitud, presencia de carreteras, de mercado) se calcula las hectáreas con base a la familia. (I)